El ministro de Trabajo se refirió a la aprehensión del senador suplente Nilton Condori y sostuvo que las atribuciones parlamentarias no incluyen llamados a la confrontación ni amenazas de muerte. Afirmó que el Estado debe actuar para proteger a la sociedad y preservar el orden democrático.
El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, afirmó que ningún legislador puede utilizar su investidura parlamentaria para promover la confrontación, incitar a la violencia o amenazar a ciudadanos, en referencia a la aprehensión del senador suplente Nilton Condori, investigado por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo.
La autoridad sostuvo que los senadores y diputados tienen competencias y atribuciones establecidas por la Constitución y las leyes, así como garantías vinculadas al ejercicio de sus funciones. Sin embargo, remarcó que estas no justifican conductas que puedan vulnerar los derechos de otras personas o poner en riesgo la convivencia democrática.
“Las competencias y atribuciones de un senador no incluyen llamar a la confrontación, llamar a la violencia y, de paso, amenazar con llevar a fusilar a varios ciudadanos”, manifestó Bascopé durante sus declaraciones.
El ministro insistió en que las amenazas contra la población no forman parte de las funciones de un representante legislativo y sostuvo que quienes incurran en conductas presuntamente delictivas deben responder ante las instancias correspondientes.
“El Estado va a actuar y va a proteger a la sociedad”
Bascopé señaló que el país atraviesa un escenario en el que deben respetarse las reglas democráticas, tanto por parte de las autoridades como de los ciudadanos. En ese marco, reconoció el derecho de la población a expresarse y protestar, pero diferenció esas libertades de las acciones que puedan constituir amenazas o intentos de alterar el orden institucional.
La autoridad afirmó que el Estado tiene la responsabilidad de intervenir cuando se presentan hechos que comprometen la seguridad de las personas y el funcionamiento de las instituciones.
En relación con Condori, sostuvo que el senador deberá responder ante la ley por los hechos que se le atribuyen. La situación jurídica del legislador deberá ser definida por las autoridades judiciales, en el marco del debido proceso.
La aprehensión del senador suplente se produce en medio de cuestionamientos y tensiones políticas por declaraciones atribuidas al legislador, entre ellas amenazas contra ciudadanos. La investigación está en manos del Ministerio Público, que deberá establecer las circunstancias de los hechos y reunir los elementos correspondientes.
Límites de la protesta y la representación parlamentaria
Durante sus declaraciones, el ministro también se refirió al clima de conflictividad política y social, incluidos los anuncios de medidas de presión y bloqueos por parte de distintos sectores.
Bascopé señaló que la democracia garantiza el derecho a la protesta y a la libre expresión, pero sostuvo que estas libertades deben ejercerse dentro del marco constitucional y sin recurrir a amenazas o acciones violentas.
El ministro pidió prudencia a los actores políticos y remarcó que las diferencias deben canalizarse mediante los mecanismos institucionales.
La investigación contra Condori continuará bajo responsabilidad del Ministerio Público y las decisiones sobre eventuales medidas cautelares corresponderán a la autoridad jurisdiccional.
INFORME. CYNTHIA DURÁN G.
