El juez de garantía de Arica dispuso paralizar por 60 días la incineración de la madera incautada, levantar la reserva de la investigación y permitir nuevos análisis. El IBCE y los representantes de las empresas exportadoras consideran que la decisión permitirá esclarecer las denuncias sobre la presunta presencia de sustancias controladas en el cargamento.
La justicia chilena ordenó suspender temporalmente la quema de madera boliviana incautada en el puerto de Arica y dispuso nuevas medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso. La resolución, emitida el lunes 19 de octubre y conocida públicamente este martes, también establece el levantamiento de la reserva de la investigación y la posibilidad de realizar un peritaje independiente, en respuesta a solicitudes de los representantes del sector exportador.
Según información difundida por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), un juez de garantía de Arica determinó paralizar la incineración durante 60 días. Asimismo, dispuso que se soliciten informes sobre las quemas realizadas y sus respectivas actas de destrucción, además de permitir la realización de contrapruebas mediante una entidad imparcial. Una nueva audiencia fue prevista para el 29 de octubre, cuando se abordarán aspectos relacionados con el peritaje.
El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, expresó su satisfacción por la decisión judicial y sostuvo que las nuevas disposiciones permitirán conocer los antecedentes del proceso y revisar los elementos utilizados para sustentar las acusaciones. Según su posición, el levantamiento de la reserva y la posibilidad de realizar análisis independientes son fundamentales para garantizar la transparencia de la investigación y el derecho a la defensa de las empresas involucradas.
Por su parte, el abogado Daniel Guevara, representante de empresas exportadoras bolivianas, informó que la resolución también contempla la participación de especialistas independientes en los análisis de las muestras. Entre los profesionales mencionados figuran James Kuykendall y Scott Richard Oulton, exintegrantes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), quienes participarían como consultores en las contramuestras y los análisis correspondientes.
Antecedentes del caso
El 8 de junio de este año, autoridades chilenas informaron sobre la incautación de un cargamento de 1.080 toneladas de madera procedente de Bolivia, en el que presuntamente se habrían detectado 108 toneladas de sustancias ilícitas, entre cocaína y ketamina. El caso generó preocupación entre las empresas exportadoras y el sector maderero boliviano, que cuestionaron los procedimientos y solicitaron revisar los resultados de los análisis.
De acuerdo con antecedentes citados por el IBCE, dos expertos revisaron 33 informes confirmatorios y señalaron que ninguno consignaba un valor cuantificado para las sustancias ilegales. Los exportadores utilizaron estos elementos para solicitar nuevas pruebas y cuestionar las conclusiones iniciales. No obstante, la determinación definitiva sobre la existencia y naturaleza de las sustancias denunciadas deberá establecerse mediante los procedimientos periciales y judiciales correspondientes.
El caso también adquirió relevancia diplomática. Según el diario chileno Emol, durante la visita del presidente de Chile, José Antonio Kast, a La Paz, representantes diplomáticos de Estados Unidos y México plantearon sus reclamos por la actuación de las autoridades chilenas y por la destrucción de parte del cargamento mientras la investigación continuaba abierta.
El presidente Rodrigo Paz confirmó que el tema fue abordado durante la reunión bilateral con su homólogo chileno. Señaló que se solicitó la colaboración del Gobierno de Chile para gestionar el caso, aunque recordó que la Fiscalía chilena y el Gobierno son instituciones separadas.
Exportadores advierten sobre pérdidas económicas
El IBCE sostiene que el proceso afectó a 23 empresas bolivianas exportadoras de madera, con cerca de 60 contenedores retenidos. En un pronunciamiento difundido el 20 de octubre, la institución estimó que los perjuicios incluyen alrededor de 50 millones de dólares en pérdidas económicas acumuladas, además de daños reputacionales, pérdida de mercados internacionales y más de 20.000 empleos comprometidos en la cadena productiva forestal y maderera, según sus cálculos.
El sector también cuestionó que se hayan realizado quemas de madera en Arica antes de concluir las diligencias solicitadas por la defensa. Según el IBCE, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota había recibido solicitudes para suspender la destrucción mientras se completaban las actuaciones correspondientes.
Con la nueva resolución judicial, los exportadores esperan que se esclarezcan las circunstancias de la incautación, se revisen los resultados de laboratorio y se determinen las responsabilidades que correspondan. La investigación continúa abierta y las conclusiones definitivas dependerán de las pruebas y decisiones de las autoridades competentes.
INFORME. CYNTHIA DURÁN G.
