El viceministro Yamil García denunció presuntas irregularidades en la construcción y equipamiento de la Casa Ejecutiva de la estatal petrolera entre 2014 y 2015. Entre los denunciados figuran el expresidente de YPFB Guillermo Achá y otros exfuncionarios.
El viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, denunció este martes la presunta asignación injustificada de Bs 16 millones para la construcción y equipamiento de una infraestructura denominada Casa Ejecutiva, vinculada a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), durante las gestiones 2014 y 2015.
Según la autoridad, la inversión se realizó sin la justificación técnica, económica, social o ambiental necesaria para respaldar la asignación de recursos públicos. García cuestionó que se destinaran esos fondos a una residencia para directores y ejecutivos, en lugar de priorizar proyectos que beneficien directamente a la población.
De acuerdo con los datos presentados, la construcción de la obra representó Bs 2.337.131, mientras que los gastos de mantenimiento alcanzaron Bs 122.610. A estas cifras se sumaron aproximadamente Bs 14 millones destinados al equipamiento, climatización, sistemas y mobiliario, elevando la inversión total a cerca de Bs 16 millones.
Entre las personas denunciadas se encuentran Guillermo Achá Morales, expresidente ejecutivo de YPFB; Edwin Aldunate Luján, exgerente nacional de Administración y Finanzas de la estatal; Mario Mendoza Luján, representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo; Grover Álvarez Quiroga, exjefe de la Unidad de Infraestructura de YPFB, además de miembros del directorio.
La denuncia contempla los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, tipificados en los artículos 224 y 154 del Código Penal, respectivamente. La determinación de responsabilidades corresponderá a las instancias competentes, conforme avance el proceso.
García sostuvo que toda inversión pública debe contar con estudios previos que acrediten su necesidad y conveniencia. Asimismo, cuestionó la utilidad de la infraestructura y señaló que los recursos pudieron destinarse a iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los bolivianos.
La denuncia fue presentada por el Viceministerio de Transparencia el 20 de octubre de 2026, en el marco de las acciones de fiscalización sobre el uso de recursos públicos en empresas estatales.
INFORME. CYNTHIA DURÁN G.
