Nadie con información seria puede cuestionar el diagnóstico de fondo que sustenta el documento de LIBRE. La caída del 55% en la producción de gas en once años, el déficit de dólares, la insostenibilidad de la subvención a los combustibles, el riesgo de un colapso eléctrico por la dependencia termoeléctrica del gas natural y la necesidad de dar seguridad jurídica a la inversión privada y extranjera, son realidades que cualquier gobierno, del signo que sea, deberá enfrentar en los próximos años. En ese diagnóstico económico, la propuesta acierta.
El problema no es el diagnóstico. Es la dimensión de la respuesta. Lo que se presenta como una «reforma parcial» del Artículo 411.II termina siendo, en los hechos, una refundación institucional del Estado boliviano: reescribe casi completamente el régimen económico (Artículos 306, 309, 316, 320, 328, 349, 351, 357, 359, 361 a 367, 373), sustituye el sistema de elección judicial y suprime dos órganos constitucionales (Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura), y, el punto de mayor alcance, plantea una transición deliberada hacia un régimen semi parlamentario que despoja al Ejecutivo de facultades de designación que hoy son centrales en el diseño presidencialista boliviano (Artículos 158, 161, 172, 182, 198, 213, 217, 219, 225, 227, 230, 329). A esto se suma un capítulo de transformación digital y disposiciones sobre autonomía departamental.
Se trata, en volumen y en profundidad, de una reforma total disfrazada de reforma parcial. Y ese es precisamente el problema, primero jurídico, pero sobre todo político.
El propio documento reconoce que el mecanismo elegido, el artículo 411.II, exige dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional y, además, referendo constitucional aprobatorio. La aritmética legislativa actual (que la propia propuesta invoca como «94% de la ALP» ajeno al binomio MAS/Evo/Andrónico) es engañosa como argumento de viabilidad, por varias razones. Una mayoría parlamentaria construida sobre el rechazo a un proyecto político no equivale a una mayoría dispuesta a votar, en bloque y con disciplina, la refundación del régimen económico, judicial y de gobierno del país. Son cosas distintas, porque coincidir en la oposición a Evo Morales o al MAS no significa coincidir en un proyecto constitucional común, y menos uno de esta envergadura.
Todo lo que exige dos tercios requiere, tarde o temprano, del referendo aprobatorio. Ahí el cálculo cambia radicalmente, pues ya no se trata de contar bancadas, sino de ganar una batalla comunicacional y simbólica en las urnas, en un país donde la Constitución de 2009 sigue siendo, para amplios sectores sociales, un símbolo identitario y no solo un texto normativo. Impulsar en un solo paquete la reforma económica, la reforma judicial, la reforma del régimen de gobierno y la autonomía departamental multiplica los frentes de resistencia. Basta que un solo eje resulte impopular, por ejemplo, la eliminación del sufragio universal para elegir autoridades judiciales, o la apertura sin condiciones al arbitraje internacional en hidrocarburos, para que el conjunto de la reforma quede contaminado y bloqueado en el referendo, incluidos los artículos que sí gozan de consenso técnico. En otras palabras, la propuesta apuesta el capital político disponible, limitado y probablemente decreciente, en una jugada de máxima exposición, cuando lo que el momento exige es priorización.
Aquí está, a mi juicio, el punto más delicado del debate, y el que la propuesta subestima. Una reforma de este alcance, que toca el modelo económico, reconfigura el Órgano Judicial, transfiere competencias hacia una Asamblea Legislativa parlamentarizada y modifica el régimen de recursos naturales e hidrocarburos, ofrece al evismo (y a los sectores del MAS que necesitan reconstruir un relato de oposición tras la derrota electoral) exactamente el insumo que hoy les falta, vale decir, un enemigo concreto, tangible y fácil de narrar. No hace falta que el contenido real de la reforma «desmantele» el Estado Plurinacional para que ese sea el titular con el que se la combata. Basta con la eliminación o modificación de artículos vinculados a la propiedad estatal de los recursos naturales (349, 357, 359, 361-367) para construir el relato de «entrega de los recursos naturales a las transnacionales». De igual manera, la sustitución del sufragio universal en la elección judicial por elección parlamentaria puede presentarse como un «retroceso antidemocrático» que les devuelve el poder a las élites. De otro lado, la revisión del régimen autonómico puede mostrarse como una supuesta apertura a la fragmentación del Estado o a la captura departamental de la renta nacional. El propio nombre de la iniciativa («Para Salvar Bolivia») y su origen partidario (LIBRE), eventualmente podrían servir para calzarla en el marco narrativo de «restauración conservadora» que el evismo ha usado exitosamente desde 2019.
En un contexto de polarización simbólica no resuelta, donde buena parte del país todavía procesa el proceso de cambio como una conquista identitaria y no solo como un ciclo de gobierno, una reforma de esta magnitud, promovida además desde un partido con una identidad ideológica marcada, corre el riesgo cierto de ser leída, con o sin fundamento textual, como el intento de «echar abajo las conquistas de los movimientos sociales» y de «retornar a la Bolivia excluyente previa al proceso de cambio». Y una vez instalado ese relato, el debate deja de ser sobre los artículos y pasa a ser sobre identidades: exactamente el terreno en el que el evismo remanente tiene más capacidad de movilización que argumentos técnicos sobre seguridad jurídica o balance fiscal. Dicho de otro modo. El mayor costo de esta propuesta no es jurídico ni económico, sino que puede terminar regalándole al evismo el relato de agravio que necesita para sobrevivir políticamente, y hacerlo pagar justo a quienes más interés tienen en desactivar ese relato.
El país no necesita renunciar a la reforma constitucional, lo que requiere es secuenciarla con realismo. Lo que es políticamente viable en el momento actual, y lo que además responde de manera directa a la urgencia económica descrita en el propio diagnóstico, es una reforma efectivamente parcial y acotada, centrada en los artículos que hoy operan como candado explícito a la inversión: seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera en condiciones de igualdad (Artículo 320, vinculado al 366), habilitación de mecanismos de arbitraje internacional con garantías recíprocas, sin comprometer la propiedad estatal sobre los recursos naturales, que puede y debe mantenerse como principio (Artículo 349), apertura regulada a la participación privada y mixta en exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos y electricidad, sin necesidad de desmontar la totalidad del régimen de YPFB y disciplina fiscal y monetaria, con límites al financiamiento del Banco Central al sector público (Artículo 328) y plazos vinculantes para el Presupuesto General del Estado (Artículo 321).
Este paquete tiene una ventaja política decisiva. Puede presentarse y defenderse en clave técnica, como corrección de un modelo económico agotado, no como una disputa identitaria, y, por su alcance limitado, tiene una probabilidad real de sobrevivir tanto a los dos tercios de la ALP como a un referendo, sin darle al evismo el material narrativo que una reforma total sí le ofrecería en bandeja. Los cambios de mayor calado que plantea el documento, la reconfiguración del sistema de justicia, el tránsito hacia un régimen semi parlamentario, la redefinición del pacto autonómico, la reforma digital del Estado, son, en su mayoría, necesarios. Pero son también decisiones fundacionales que exceden lo que puede resolverse por la vía rápida de una mayoría legislativa coyuntural y un referendo aprobatorio sobre un paquete cerrado. Ese tipo de transformaciones requiere el mecanismo que la propia Constitución reserva para las reformas totales, es decir una Asamblea Constituyente, con deliberación amplia, participación de todos los actores sociales y políticos, incluidos aquellos que hoy son minoría parlamentaria pero representan a sectores sociales que no pueden ser excluidos del pacto sin reabrir la fractura que se buscaría cerrar, y un cronograma que permita procesar el debate sin la urgencia que hoy impone la coyuntura de gas y dólares. Plantear esa discusión hacia el final del actual período constitucional, una vez estabilizada la economía con las reformas acotadas, es la secuencia que reduce el riesgo de polarización y aumenta las probabilidades de que los cambios estructurales, cuando lleguen, sean duraderos porque cuentan con legitimidad amplia y no solo con una mayoría de ocasión.
La propuesta «Para Salvar Bolivia» tiene el mérito de poner sobre la mesa, con datos y de manera ordenada, la magnitud de la crisis económica e institucional del país. Pero confunde la urgencia económica con una oportunidad para la refundación integral del Estado, y en esa confusión arriesga lo poco que hoy es alcanzable por perseguir todo lo que sería deseable. Una reforma de esta escala, promovida en el actual contexto político por un partido con identidad ideológica definida, no solo enfrenta obstáculos aritméticos serios en la Asamblea Legislativa y en un eventual referendo, sino que corre el riesgo de convertirse en la bandera que el evismo necesita para reconstruir su relato de resistencia, presentando cualquier ajuste al modelo económico como un ataque al Estado Plurinacional y a las conquistas sociales del proceso de cambio.
Lo prudente y lo eficaz coinciden en este caso. Deberíamos avanzar ahora con una reforma parcial, técnica y acotada a los artículos que efectivamente bloquean la inversión y la estabilidad fiscal, y reservar los cambios estructurales, justicia, régimen de gobierno, autonomía, transformación digital, para una Asamblea Constituyente al cierre del actual período, cuando exista el tiempo, la legitimidad y el consenso social que una reforma de esa naturaleza exige.
