Como diputado nacional, desde hace meses vengo haciendo seguimiento al denominado caso de las maderas bolivianas presuntamente impregnadas con droga. Y mientras más antecedentes aparecen, más preguntas surgen.
Estamos frente a un episodio que puede terminar convirtiéndose en uno de los mayores ejemplos recientes de irresponsabilidad institucional en las relaciones entre Bolivia y Chile.
Chile es un país que se preciaba de contar con instituciones serias, una justicia profesional y procedimientos técnicos rigurosos. Precisamente por eso resulta difícil comprender cómo una investigación de semejante magnitud pudo ser presentada públicamente, desde un inicio, prácticamente como un hecho consumado, ocasionando un enorme daño reputacional a empresas bolivianas antes de que las evidencias científicas fueran suficientemente esclarecidas y sometidas a una verificación independiente.
El 8 de junio, autoridades chilenas anunciaron públicamente una supuesta incautación histórica: más de mil toneladas de madera procedente de Bolivia que, según la Fiscalía chilena, contenían más de cien toneladas de sustancias ilícitas. El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, fue todavía más lejos en declaraciones públicas: llegó a sostener que detrás de los envíos existían empresas cuya fachada era el negocio forestal y cuyo verdadero negocio era la droga.
Una afirmación de semejante gravedad no es menor.
No se estaba hablando de una sospecha cualquiera. Se estaba poniendo bajo cuestionamiento internacional a empresas bolivianas, a sus propietarios, a trabajadores, exportadores y, finalmente, a toda una industria nacional.
Y cuando una autoridad fiscal formula públicamente una acusación de semejante magnitud, tiene también la obligación de respaldarla con evidencia científica sólida, cuantificable, reproducible y susceptible de ser sometida a una contra pericia independiente.
Tres meses después, el panorama dista mucho de la contundencia con la que comenzó esta historia. Mostrando total irresponsabilidad la comunicación paso de las 108 toneladas a trazas de droga.
Los informes conocidos públicamente y revisados por especialistas independientes plantean cuestionamientos serios sobre la metodología utilizada y sobre la conclusión de que las maderas hubieran sido deliberadamente impregnadas con cocaína.
Dos especialistas con extensa trayectoria vinculada a la DEA —James Craig Kuykendall y Scott Richard Oulton— revisaron documentación del caso, incluidos informes del Instituto de Salud Pública de Chile.
Sus conclusiones cuestionan aspectos fundamentales: la ausencia de una adecuada cuantificación de las sustancias detectadas, discrepancias entre pruebas preliminares y resultados posteriores y, fundamentalmente, la posibilidad de concluir científicamente que existió una impregnación deliberada de droga en las cantidades inicialmente anunciadas. Pero como las sorpresas no terminan y la cuando abunda la estupidez, ahora se anuncia la presencia de metabolitos de droga, que significa esto o que son los metabolitos: Son fragmentos de la droga que todavía conservan en la orina por efectos químicos o medicinales en el cuerpo. En otras palabras la supuesta droga podría venir de la orina de alguna persona que consumió una droga licita o ilícita.
Ese es el corazón del problema. Porque una cosa es detectar trazas, metabolitos o presencia de determinadas sustancias y otra completamente distinta es afirmar que una empresa exportó toneladas de madera deliberadamente impregnada con cocaína.
Entre ambas afirmaciones existe una enorme distancia científica, jurídica y moral. Y esa distancia no puede llenarse con conferencias de prensa. Se llena con pruebas.
Existe además un hecho particularmente preocupante. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó públicamente que las autoridades bolivianas solicitaron muestras de las maderas para someterlas a análisis independientes y que la Fiscalía chilena no accedió a entregarlas.
Entonces corresponde preguntar: ¿Por qué no facilitar una contraprueba científica?
Si existe absoluta certeza sobre la presencia y cantidad de droga denunciada, una pericia independiente debería fortalecer la investigación chilena, no debilitarla. La ciencia no debe temer a la verificación. La justicia tampoco.
Por eso resulta indispensable que las autoridades chilenas permitan mecanismos técnicamente confiables de contraste y que todas las partes tengan acceso, dentro de las reglas procesales aplicables, a la evidencia necesaria para ejercer plenamente su defensa. Y por ultimo que tengan la hidalguía de salir a decir: nos equivocamos.
Este caso tiene además una dimensión política boliviana que no podemos ignorar. Cuando estalló el escándalo, Jorge “Tuto” Quiroga no esperó a que existieran resultados científicos concluyentes e inmediatamente habló de “narco-madera”. Calificó lo ocurrido como una “vergüenza nacional”. Y sostuvo públicamente que mientras había regiones donde no llegaban alimentos ni combustibles, decenas de camiones con “narco-madera” se movían por Bolivia “a sus anchas”. Posteriormente endureció sus críticas y habló de una operación de escala industrial.
Hoy, después de conocer los informes técnicos que cuestionan seriamente la tesis inicial, Quiroga reclama explicaciones a Chile, exige esclarecimiento y plantea incluso un eventual resarcimiento. Pero también corresponde reconocer que las palabras pronunciadas antes de conocer las pruebas contribuyeron al daño reputacional que hoy se denuncia.
No se puede condenar primero y pedir pruebas después. Mucho menos cuando se ha ejercido la Presidencia de Bolivia y se conoce perfectamente el peso internacional que puede tener una declaración de esa naturaleza.
Este episodio debería dejarnos una enseñanza a todos los actores políticos: cuando está en juego el prestigio de Bolivia y de empresas bolivianas, la responsabilidad debe estar por encima de la oportunidad política.
Pero existe una responsabilidad todavía mayor, la de la Cancillería boliviana, que prefiere mirar a un costado, bajo la intención de mantener buenas relaciones internacionales y dejar abandondos a los empresarios bolivianos y la reputación del país.
Es cierto que, al inicio, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se reclamó públicamente evidencia científica y se reconoció que las acusaciones estaban ocasionando un enorme daño a empresas nacionales. Eso fue correcto, pero no es suficiente, pues al inicio Rodrigo Ignacio Arce Ballivián: Viceministro de Comercio Exterior, Integración Económica e Inversiones Extranjeras, se hizo presente en chile, pero cuando se armó el showmediático y salió una denuncia que la esposa de Rodrigo Arce estaba vinculada a una empresa que transportaba la madera, por arte de magia el Viceministro de Comercio Exterior desapareció.
Han transcurrido meses. Hay mercadería retenida, operaciones comerciales afectadas, clientes internacionales que recibieron noticias que vincularon madera boliviana con narcotráfico y empresarios cuyo prestigio fue colocado bajo sospecha y la diplomacia se limita a esperar.
Cuando el nombre de Bolivia está siendo afectado internacionalmente, Cancillería tiene que actuar diplomática, jurídica y consularmente con toda la fuerza que permite el Derecho Internacional.
Necesitamos conocer qué notas diplomáticas fueron presentadas; qué gestiones formales se realizaron ante Chile; qué acciones de protección consular se activaron; qué asistencia recibieron los empresarios afectados; qué mecanismos internacionales se están evaluando; y, sobre todo, qué hará Bolivia si finalmente no puede demostrarse científicamente la acusación formulada con semejante espectacularidad.
No estamos pidiendo un enfrentamiento con Chile. Estamos exigiendo algo mucho más elemental: respeto a Bolivia, debido proceso para nuestros ciudadanos y seguridad jurídica para nuestras empresas.
En contraste, corresponde destacar el trabajo realizado desde el Ministerio de Gobierno. El ministro Marco Antonio Oviedo asumió una posición de exigir evidencia verificable, impulsó mecanismos de cooperación internacional y reclamó acceso a muestras que permitieran efectuar análisis independientes. Así mismo, corresponde reconocer el trabajo desarrollado por el viceministro Hernán Paredes y por los equipos que acompañaron técnicamente a los empresarios afectados.
Defender a los empresarios bolivianos no significa interferir con una investigación. Significa exactamente lo contrario: exigir que la investigación llegue hasta el final y que la verdad sea establecida científicamente.
Si hubo delito, que se pruebe y que los responsables respondan ante la justicia. Pero si no lo hubo, entonces quienes realizaron acusaciones públicas sin respaldo suficiente deberán asumir también las consecuencias institucionales correspondientes.
El daño esta hecho, aquí existe algo que ninguna prueba posterior podrá borrar completamente: el daño reputacional.
Durante meses circularon internacionalmente palabras devastadoras: “narcomadera”, “108 toneladas de droga”, “empresas fachada”, “narcotráfico industrial”.
Imaginen el efecto que semejantes titulares pueden producir sobre un comprador europeo, estadounidense o asiático que está considerando adquirir madera boliviana. Una empresa puede recuperar un cargamento. Puede eventualmente recuperar parte del dinero perdido. Lo mucho más difícil de recuperar es la confianza.
Por eso este asunto dejó hace tiempo de ser exclusivamente un expediente judicial chileno. Se convirtió en un asunto de Estado para Bolivia.
BOLIVIA TIENE QUE HACERSE RESPETAR y desde la Asamblea Legislativa vamos a continuar acompañando a los empresarios afectados y exigiendo transparencia absoluta. Y corresponde que la Cancillería explique ante el país cuáles fueron, concretamente, las acciones diplomáticas y consulares realizadas desde que comenzó este caso.
Impulsaremos los mecanismos de fiscalización parlamentaria que correspondan y, si las respuestas no son suficientes, promoveremos la interpelación al Canciller para que explique ante la Asamblea Legislativa qué hizo su despacho para defender los derechos, el patrimonio y el prestigio de ciudadanos y empresas bolivianas.
También considero indispensable solicitar formalmente a Chile acceso a la evidencia científica pertinente y mecanismos independientes de verificación, dentro de las reglas procesales aplicables. Y si finalmente se determina que las acusaciones iniciales no podían sostenerse científicamente en los términos en que fueron presentadas al mundo, Bolivia deberá evaluar por las vías jurídicas y diplomáticas correspondientes una rectificación pública y la reparación de los daños demostrables ocasionados a nuestras empresas.
Las buenas relaciones entre Bolivia y Chile no pueden construirse sobre el silencio. Se construyen sobre respeto mutuo. Bolivia respeta las instituciones chilenas. Pero Bolivia también merece respeto. Nuestros empresarios merecen respeto. Nuestros trabajadores merecen respeto. Y nuestra bandera merece respeto.
La lucha contra el narcotráfico debe ser implacable. Pero precisamente porque debe ser implacable, tiene que estar sustentada en ciencia, pruebas, procedimientos y debido proceso, pues el combatir al narcotráfico no autoriza a condenar públicamente a inocentes antes de demostrar su culpabilidad.
Chile debe esclarecer completamente este caso. La Fiscalía chilena debe explicar técnicamente sus conclusiones. La Cancillería boliviana debe dejar de limitarse a las declaraciones y demostrar qué acciones concretas está realizando. Y quienes en Bolivia se apresuraron a repetir acusaciones antes de conocer las pruebas deberían asumir la responsabilidad política de sus palabras.
Porque defender a Bolivia no significa encubrir delitos. Significa algo mucho más sencillo y mucho más importante: que ningún boliviano sea declarado narcotraficante por conferencia de prensa yque ninguna empresa boliviana sea condenada ante el mundo antes de ser vencida con pruebas ante la justicia.
