La profesión médica denuncia la ilegitimidad del Estatuto Marco impulsado por Mónica García
La Organización Médica Colegial (OMC) ha calificado de ilegítimo el Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad bajo la dirección de Mónica García, al no haber contado con la participación de la profesión médica en su negociación. La vicepresidenta primera de la OMC, Mª Isabel Moya, ha declarado que no tiene legitimidad que se aprueben unas condiciones laborales para los médicos sin los médicos, durante la presentación de la Declaración de Derechos Fundamentales de los Médicos, elaborada por el Foro de la Profesión Médica de España[1][2][3][4].
En esta Declaración, el Foro reivindica que la formación, la experiencia y el compromiso ético de los médicos los convierten en garantes de la calidad asistencial a lo largo de todo el proceso sanitario, por lo que reclaman un Estatuto propio que reconozca la singularidad y la importancia central de su labor[1][2][3][4]. El secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera, ha criticado que el colectivo médico no cuenta con una representación justa en la Mesa del Ámbito, afirmando que está totalmente infrarrepresentado por la mecánica organizativa de ese foro, que es legal pero no legítima[1][4]. Pedrera ha expresado su esperanza de que el Estatuto Marco no consiga avanzar en la tramitación parlamentaria, subrayando que se ha negociado con fuerzas sindicales ajenas a la profesión médica y que el anteproyecto de ley que se va a enviar a las Cortes debería ser devuelto[1][4].
Moya ha explicado que existe ya una base ética, institucional y jurídica sólida para reconocer los derechos fundamentales propios del médico, sin crear ninguno nuevo, pero estos derechos están dispersos, implícitos y subordinados en muchos documentos nacionales e internacionales, lo que justifica una declaración explícita y unificada[1][2][3][4]. La Declaración se presenta en un contexto de creciente complejidad clínica, sobrecarga asistencial y deterioro progresivo de las condiciones profesionales, que ha generado un desequilibrio entre las responsabilidades que asume el médico y los derechos necesarios para ejercer la medicina con rigor, autonomía y seguridad, impactando directamente en la atención del paciente y el futuro del sistema sanitario[1][2][3][4]. Esta mesa no trata de pedir más, sino de restablecer el equilibrio perdido, ha agregado Moya[1][2][3][4].
El documento expone las condiciones que permiten asentar una sanidad sostenible en el tiempo, garantizar la autonomía clínica, unas condiciones laborales dignas, seguridad, salud y la participación de los médicos en la gobernanza sanitaria, no como una reivindicación corporativa, sino como condición necesaria para proteger a los pacientes y garantizar la calidad asistencial[2][3][4].
