La Corte Suprema de EE.UU. cuestiona la constitucionalidad de la ley hawaiana que restringe armas en propiedades privadas abiertas al público

La Corte Suprema de EE.UU. cuestiona la constitucionalidad de la ley hawaiana que restringe armas en propiedades privadas abiertas al público

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos orales el martes 20 de enero de 2026 en el caso Wolford v. Lopez, donde un grupo de propietarios de armas de Maui cuestiona una ley de Hawái de 2023 que prohíbe llevar armas de fuego con permiso de porte oculto en propiedades privadas abiertas al público sin permiso expreso del propietario. La ley, aprobada en respuesta a la decisión de la Corte en New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen de 2022, clasifica la violación como delito menor punible con hasta un año de prisión.[4][1][3]

La norma afecta lugares como tiendas, centros comerciales, bares, restaurantes, teatros, arenas, granjas y playas privadas, prohibiendo el porte en el 96.4% de las tierras públicamente accesibles en el condado de Maui, según Alan Beck, abogado de los demandantes, que incluye a tres residentes de Maui con permisos de porte y la Hawaii Firearms Coalition.[5][3]

Los tribunales inferiores respaldaron la ley. Un tribunal federal de distrito en Hawái emitió una orden temporal impidiendo su aplicación parcial, pero la Corte de Apelaciones del 9no Circuito la confirmó en septiembre de 2024, concluyendo que existe una tradición nacional de prohibir armas en propiedades privadas sin consentimiento oral o escrito del dueño, citando similitudes con leyes estatales históricas.[1][2][3]

Durante los dos horas de argumentos, los seis jueces nombrados por republicanos mostraron simpatía hacia los demandantes. El juez principal John Roberts indicó que la Segunda Enmienda ha sido un derecho «desfavorecido» en casos recientes. El juez Samuel Alito acusó a Hawái de relegar la Segunda Enmienda a «estatus de segunda clase» y cuestionó el uso de códigos post-Guerra Civil racistas, como una ley de Luisiana de 1865 diseñada para desarmar a ciudadanos afroamericanos y facilitar el terror del Ku Klux Klan, como precedente histórico válido.[1][4]

El juez Brett Kavanaugh enfatizó que si el texto de la Segunda Enmienda cubre las armas y no hay historia suficiente que respalde la regulación, el caso termina ahí. La fiscalía general adjunta Sarah Harris, representando a la administración Trump, argumentó que la ley es «pretextual» y que leyes inconstitucionales como la de Luisiana no cuentan para definir tradiciones históricas válidas, describiéndolas como «atípicas».[1][4]

Neal Katyal, abogado del fiscal general de Hawái, defendió la ley afirmando que no hay derecho constitucional a asumir consentimiento implícito para llevar armas en propiedades privadas abiertas al público, y que una invitación a comprar no incluye llevar un arma. Hawái ha emitido 2.207 licencias de porte oculto desde Bruen, que eliminó la exigencia de «buena causa» para obtenerlas, cambiando drásticamente las regulaciones de armas en el estado, que históricamente eran restrictivas.[2][3]

La jueza Ketanji Brown Jackson sugirió que la ley involucra más derechos de propiedad que la Segunda Enmienda y cuestionó si todas las circunstancias históricas deben considerarse bajo el test de Bruen. Las jueces Sonia Sotomayor y Elena Kagan parecieron inclinadas a upholding la decisión del 9no Circuito, mientras las posiciones de las juezas Amy Coney Barrett y Kagan fueron menos claras. Barrett presionó sobre restricciones en propiedades privadas no abiertas al público, como hogares.[1][2][4]

Si la Corte falla contra la ley, se establecería un estándar nacional permitiendo el porte oculto en propiedades privadas abiertas al público por defecto, a menos que los dueños lo prohíban explícitamente con señales, afectando leyes similares en California, Maryland, Nueva York y Nueva Jersey. La decisión se espera para junio de 2026.[2][5][4]