Juzgado de Bilbao suspende desahucio de exmonjas de Belorado en monasterio de Orduña hasta resolución firme sobre representación legal
El Tribunal de Instancia número 1 de Bilbao ha suspendido el desahucio de las exmonjas de Belorado del monasterio de Santa Clara de Orduña en Bizkaia hasta que una sentencia firme determine si el arzobispo de Burgos Mario Iceta ostenta la representación legal como comisario pontificio nombrado por la Santa Sede.[1][2][3][6] Este procedimiento es independiente del desahucio fijado para el 10 de febrero de 2026 por el Juzgado de Briviesca para el monasterio de Belorado en Burgos.[1][3][4] La demanda de desahucio en precario fue presentada por el Arzobispado de Burgos en 2024 y notificada a las exmonjas en noviembre de 2025 pendiente de vista oral.[1][3] El juzgado bilbaíno considera imprescindible resolver previamente la cuestión de prejudicialidad civil para evitar resoluciones contradictorias.[2][6] Las exmonjas interpusieron demanda el 31 de julio de 2024 defendiendo su derecho a separarse de la Iglesia católica y exigiendo declarar ineficaz el nombramiento de Mario Iceta como comisario pontificio para los monasterios de Belorado Orduña y Derio dejándolo sin representación ni administración.[1][2][3][6] Esa demanda fue inadmitida por el Juzgado de Instancia de Briviesca el 19 de diciembre de 2025 pero no es una resolución firme ya que las exmonjas han recurrido y el procedimiento continúa.[1][3] Tras una sentencia de agosto de 2025 favorable al desahucio en Belorado las exmonjas abandonaron ese convento y trasladaron a cinco religiosas de avanzada edad a Orduña donde residen con cuidadoras de su comunidad de forma voluntaria según sostienen.[2][6] Los abogados de las exmonjas Florentino Aláez y Enrique García de Viedma argumentan que el procedimiento depende de la legitimidad de Iceta como representante legal mientras la Oficina del Comisario Pontificio afirma que las monjas mayores forman la comunidad canónica válida.[2] Para el desahucio de Belorado del 10 de febrero las exmonjas piden su paralización alegando que solo cuatro de las ocho recibieron notificación los días 20 y 21 de enero de 2026 sin respetar el plazo de un mes para desalojo voluntario establecido en el auto de diciembre de 2025 por el Juzgado de Briviesca y presentarán oposición a la ejecución provisional.[1][5] La sentencia de 31 de julio de 2025 de Briviesca reconoció la propiedad del monasterio de Belorado a la Iglesia católica ordenando el desalojo con fecha inicial el 12 de septiembre de 2025 aplazada al 3 de octubre y suspendida por recursos antes de reactivarse.[4]
