El economista advierte que el incremento de tarifas aéreas sin competencia real traslada los costos de la ineficiencia a los pasajeros, consolida un monopolio estatal y encarece la conectividad interna del país.
Las nuevas tarifas aéreas son analizadas desde una mirada económica.
El economista Gonzalo Chávez cuestionó el reciente ajuste de las tarifas máximas del transporte aéreo en Bolivia y advirtió que la medida no soluciona los problemas estructurales del sector, sino que traslada los costos de una gestión ineficiente a los pasajeros y al Estado, sin introducir mejoras ni competencia real.
Según Chávez, Boliviana de Aviación (BoA) opera bajo un esquema de protección permanente, donde cada dificultad operativa es cubierta con mayores recursos públicos o con incrementos tarifarios. “En lugar de mejorar eficiencia o servicio, se opta por subir precios y socializar las pérdidas, mientras los pasajeros asumen el costo”, señaló.
El analista explicó que el reciente incremento tarifario se dio sin abrir el mercado a nuevos operadores, lo que consolida un monopolio público. En ese contexto, afirmó que un vuelo de una hora, como la ruta La Paz–Santa Cruz, alcanza precios cercanos a los 116 dólares al tipo de cambio paralelo, muy por encima de los estándares internacionales, donde trayectos similares cuestan entre 35 y 40 dólares en mercados competitivos.
Chávez precisó que el problema no es el ajuste de precios en sí, sino la ausencia de competencia y productividad. “No es inflación aeronáutica ni mayores costos operativos; es el precio de financiar un monopolio ineficiente”, sostuvo.
Asimismo, reconoció que la conectividad territorial puede considerarse un bien público en rutas que no son rentables por sí solas, como Cobija o Trinidad. Sin embargo, advirtió que ese objetivo debe financiarse con subsidios explícitos y transparentes, no mediante tarifas infladas en rutas troncales ni rescates encubiertos.
Finalmente, el economista planteó que la solución pasa por abrir el mercado aéreo a la competencia, promover esquemas de capital mixto o privatización con regulación adecuada, y licitar subsidios donde sea necesario. “Mantener un monopolio protegido no es política pública; es postergar el problema y encarecer el derecho a moverse dentro del país”, concluyó.
INFORME. CYNTHIA DURÁN G.
