Gobierno retrasa reducción de jornada a 35 horas para funcionarios de la AGE hasta aprobación de Presupuestos Generales del Estado 2026
El Gobierno ha comunicado a los sindicatos UGT y CCOO su preferencia por esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026 para implantar la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), lo que genera discrepancias en la negociación.[2] Esta medida, pactada previamente para aplicarse entre febrero y marzo de 2026 sin reducción salarial, beneficiaría a unos 250.000 empleados públicos de la AGE y se circunscribe inicialmente a esta administración, aunque el acuerdo original de 2022 mencionaba también entidades locales y empresas públicas.[2] Los sindicatos UGT y CCOO han expresado su decepción tras la reunión de este miércoles con el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, argumentando que vincular la implantación a los presupuestos retrasaría injustificadamente el compromiso asumido en diciembre de 2025 y en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI.[2][3][5] Fuentes de CSIF, no firmante del acuerdo de 2022 pero presente en negociaciones previas, insisten en que el ministerio dio su palabra de implementar la reducción antes de que concluya el primer trimestre de 2026, recordando que el compromiso se arrastra desde 2018.[2] En contexto histórico, la jornada de 35 horas se aplicó en muchas administraciones públicas en los años noventa, pero fue eliminada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy durante la crisis económica, elevándola a 37,5 horas; varias comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y País Vasco ya la han recuperado.[2][3] Los sindicatos han amenazado con emprender acciones oportunas si no hay avances en la próxima reunión del 28 de enero, exigiendo garantías para la implantación en febrero o principios de marzo mediante resolución ministerial, independientemente de los presupuestos.[2][3][5] Esta propuesta del Gobierno busca dar rango de ley a la medida vía PGE, en un escenario parlamentario complicado por la aritmética actual que podría retrasar su aprobación hasta junio como mínimo.[5] Paralelamente, se mantiene el pacto salarial reciente con un incremento acumulado del 11 por ciento hasta 2028 para los 3,5 millones de empleados públicos, con un 2,5 por ciento aplicado desde finales de 2025 y un 1,5 por ciento en 2026.[3]
