Los empresarios rechazan el incentivo fiscal del Gobierno ligado al SMI por sus requisitos inalcanzables
Las patronales CEOE y Cepyme han rechazado el incentivo fiscal propuesto por el Gobierno para compensar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.221 euros mensuales en 14 pagas, un incremento del 3,1 por ciento que suma 37 euros más al mes y mantiene la exención de IRPF para los perceptores.[1][2][5][6] Este incentivo, en forma de reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, se dirige a empresas con alto impacto del SMI, pero está condicionado al mantenimiento del empleo y a la mejora de las bandas salariales más bajas por encima del mínimo en ejercicios posteriores.[1][2][3][5][6]
CEOE y Cepyme califican la propuesta de formula trilera con condiciones inalcanzables que excluye a la mayoria de las empresas, a todos los autonomos, a las sociedades en perdidas, a las cooperativas y a las entidades sin animo de lucro.[1][5] Ademas, critican que supone una injerencia en la negociacion colectiva y la libertad de empresa, al tiempo que se filtro a los medios antes de presentarse en la mesa de dialogo social convocada para las 17.00 horas.[1] La oferta verbal del Ministerio de Trabajo, sin documento escrito, sustituye la indexacion de contratos publicos reclamada por patronales y sindicatos, medida rechazada por Hacienda.[1][2][3][4][7]
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquin Perez Rey, preciso que el incentivo busca estimular la salida del SMI y no premiar su mantenimiento, con el objetivo de reducir la diferencia salarial del 25 por ciento con Europa, aunque los sindicatos CCOO y UGT lo ven incomodo pero lo analizaran para alcanzar consenso, ausente desde 2020.[2][3][4][6] Yolanda Diaz, ministra de Trabajo, nego que sea una bonificacion fiscal clasica y lo presento como reparto de riqueza condicionado a elevar salarios y mantener plantillas, especialmente en sectores como ayuda a domicilio, cuidados, agricultura y deportes afectados por contratos publicos ya firmados.[3][4]
La CEOE, presidida por Antonio Garamendi, emitira una valoracion formal tras recibir la documentacion del Gobierno, mientras mantiene su negativa a la subida del SMI si no se indexa la contratacion publica, que lastra la rentabilidad de las empresas licitadoras.[1][7] Mas de 200.000 autonomos que cotizan por modulos quedan fuera de estos incentivos, sujetos a requisitos que la patronal considera inasumibles.[5] El incentivo solo se aplicara si hay acuerdo tripartito; de lo contrario, el Gobierno lo retirara.[2][5]
