Gobierno inicia trámites para reducir jornada de funcionarios a 35 horas semanales con tres años de retraso
El Gobierno ha comunicado a los sindicatos el inicio del procedimiento para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), reduciendo las actuales 37,5 horas sin merma salarial. Esta medida, pactada en el Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI firmado el 19 de octubre de 2022 con UGT, CCOO y CSIF, llega con tres años de retraso respecto al compromiso original y afectará a unos 250.000 empleados públicos, según datos del último Boletín Estadístico de Personal de las Administraciones Públicas.[1][3][5][6][8]
La Secretaría de Estado de Función Pública propondrá nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo para las plantillas de la AGE y sus organismos públicos. Los próximos pasos incluyen la convocatoria de la Comisión Superior de Personal y la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero, para informar a subsecretarios y responsables de personal de los ministerios sobre la propuesta. Posteriormente, se elevará a la Mesa General de la Administración del Estado para negociar formalmente con los sindicatos antes de su implantación efectiva, prevista entre finales de febrero y marzo de 2026.[1][3][4][5][6][7][8]
Los sindicatos celebran el avance, aunque CSIF destaca el retraso acumulado y reclama que la medida se extienda al personal de Instituciones Penitenciarias. UGT estima que podría estar operativa a finales de febrero o en marzo, afectando a 246.418 trabajadores. Además, exigen avances en promoción interna, recuperación de la jubilación parcial anticipada, desarrollo del teletrabajo, actualización de indemnizaciones por razón de servicio e impulso a Muface.[1][3][6]
Esta reducción equipara la jornada de la Administración central con la mayoría de administraciones autonómicas y locales, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura o País Vasco, que ya la aplican desde hace años. El ministro de Función Pública, Óscar López, había indicado la semana pasada que se implantaría tan pronto como fuera posible, descartando vincularla a los Presupuestos de 2026 tras el rechazo sindical.[2][3][4][5][6][8]
