El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó este 14 de mayo el Decreto Supremo N.º 5619, una normativa de amplio alcance que redefine integralmente el sistema de fiscalización, regulación y control de calidad de carburantes en Bolivia, en respuesta a la crisis de combustibles registrada en meses anteriores y con el objetivo de fortalecer de manera estructural la seguridad energética del país.
La nueva disposición aprueba un Reglamento de Calidad de Carburantes compuesto por 24 artículos y ocho anexos técnicos, actualizando estándares nacionales para producción, importación, transporte, almacenamiento y comercialización de combustibles, además de incorporar nuevos mecanismos de supervisión y exigencias técnicas modernas para toda la cadena hidrocarburífera.
Entre las medidas más relevantes se establece la implementación de laboratorios especializados para análisis de calidad, sistemas obligatorios de filtración en estaciones de servicio, fortalecimiento del ente regulador, mayores capacidades de fiscalización técnica y sancionatoria, modernización administrativa mediante notificaciones digitales y adecuación de infraestructura para combustibles de aviación.
Asimismo, el decreto abroga el anterior Decreto Supremo 4718, considerado insuficiente frente a las nuevas exigencias técnicas del mercado, y prioriza una política de prevención, inocuidad y transparencia orientada a proteger a consumidores, transportistas y sectores productivos.
La normativa también busca cerrar vacíos regulatorios históricos que permitieron fallas en estándares de importación y almacenamiento, fortaleciendo la soberanía energética y elevando los requisitos de calidad en beneficio de toda la poblaciónLa decisión del Gobierno representa una de las reformas más profundas en política de hidrocarburos de los últimos años, consolidando una respuesta institucional orientada no solo a superar la crisis de gasolina contaminada, sino a transformar de fondo el sistema nacional de combustibles bajo criterios de eficiencia, seguridad y modernización estatal.
INFORME. CYNTHIA DURÁN G.
