El Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo N° 5617, una normativa de carácter excepcional que autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a realizar adquisiciones directas de hidrocarburos en el mercado spot internacional, como parte de las medidas de emergencia orientadas a garantizar el suministro continuo de combustibles en el país.
La disposición se enmarca en la emergencia energética y social vigente desde enero de 2026 y responde a la necesidad de fortalecer la seguridad energética nacional frente a escenarios de alta demanda, fluctuaciones internacionales y desafíos en abastecimiento interno.
El decreto habilita a YPFB a concretar operaciones inmediatas de compra de combustibles a precios internacionales vigentes, priorizando disponibilidad inmediata, oportunidad comercial y continuidad del suministro, sin necesidad de contratos de largo plazo.
Entre los principales cambios, la norma permite que estas contrataciones se realicen de forma directa en el extranjero bajo responsabilidad ejecutiva de la presidencia de YPFB, sin requerir autorización previa del Directorio para cada operación, con el objetivo de agilizar procesos en contextos críticos.
Asimismo, se establecen controles técnicos obligatorios para garantizar que todos los hidrocarburos adquiridos cumplan con parámetros de calidad exigidos por la normativa boliviana, mediante análisis de laboratorio completos, acreditados y por lotes.
El decreto también autoriza la adquisición excepcional de laboratorios móviles, equipos especializados de verificación de calidad y mecanismos adicionales de fiscalización técnica para reforzar controles sobre combustibles importados.
De forma complementaria, la normativa amplía facultades al Ministerio de Hidrocarburos y Energías para fortalecer programas de conversión, mantenimiento y expansión del Gas Natural Vehicular (GNV), mediante contrataciones directas de bienes y servicios especializados.
Según el Ejecutivo, estas medidas buscan responder de manera inmediata a la coyuntura energética, reducir riesgos de desabastecimiento, optimizar capacidad de reacción estatal y fortalecer la logística nacional de hidrocarburos.
El Directorio de YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos deberán reglamentar los procedimientos operativos específicos en un plazo máximo de diez días hábiles.
Con esta decisión, el Gobierno apuesta por dotar a YPFB de mayores herramientas operativas y comerciales para enfrentar escenarios de volatilidad internacional y garantizar estabilidad energética para el mercado interno boliviano.
INFORME. CYNTHIA DURÁN G.
