El Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos informó que una auditoría técnica identificó un presunto daño económico al Estado de 142,3 millones de dólares relacionado con operaciones de compra de bonos soberanos realizadas por anteriores autoridades del Banco Central de Bolivia (BCB).
La investigación surge tras la aprehensión del expresidente del ente emisor, Edwin Rojas Ulo, y se basa en un informe de auditoría emitido en marzo de 2026, que detectó observaciones en al menos siete operaciones financieras ejecutadas por la pasada administración.
Según explicó el viceministro Yamil García Delfín, en uno de los casos analizados se estableció que una entidad financiera ofertó bonos por aproximadamente 12,3 millones de dólares, mientras que el BCB habría concretado la compra por más de 21,7 millones, generando una diferencia superior a 9 millones de dólares en una sola transacción.
De acuerdo con la información oficial, este patrón se habría repetido en varias operaciones, consolidando el monto total del presunto perjuicio económico.
La autoridad también señaló que dentro de la investigación existen elementos relacionados con posibles modificaciones posteriores en registros contables, incluyendo correos electrónicos que presuntamente instruían alterar registros para reflejar valores pagados y no precios de mercado.
El caso involucra a distintos niveles de decisión dentro del Banco Central, incluyendo autoridades ejecutivas, instancias colegiadas y áreas técnicas vinculadas a la aprobación de estas operaciones.
Desde el Ministerio Público y el Viceministerio de Transparencia se indicó que las investigaciones continuarán para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales conforme a los resultados de la auditoría y la documentación recopilada.
INFORME. CYNTHIA DURÁN G
