El Decreto Supremo N° 5613, aprobado por el Gobierno nacional, establece nuevos lineamientos operativos para la dotación, saneamiento y titulación de tierras en la región amazónica boliviana, priorizando los departamentos de Pando y Beni.
La normativa busca fortalecer el acceso equitativo a tierras fiscales para comunidades campesinas e indígenas que hayan formalizado sus solicitudes y cuenten con reconocimiento legal, en el marco de la Constitución Política del Estado y la legislación agraria vigente.
Entre sus principales disposiciones, el decreto instruye al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a priorizar procesos técnicos, jurídicos y territoriales para avanzar en la distribución de tierras fiscales disponibles, además de revisar la situación de tierras revertidas, expropiadas o sujetas a procesos especiales.
Uno de los puntos más relevantes establece que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) deberá revisar concesiones forestales en Pando y Beni para verificar su legalidad, uso productivo, documentación y posibles conflictos territoriales con comunidades solicitantes.
En caso de detectarse irregularidades o incumplimientos, estas concesiones podrían revertirse y convertirse en nuevas tierras fiscales disponibles para procesos de redistribución.
El decreto también impulsa la modernización del INRA mediante digitalización de expedientes, implementación de sistemas georreferenciados y plataformas tecnológicas que buscan mejorar la transparencia, eficiencia administrativa y seguridad jurídica en la gestión agraria.
Asimismo, se incorporan medidas orientadas a proteger la pequeña propiedad agraria, prevenir avasallamientos, reducir conflictos territoriales y fortalecer el patrimonio familiar rural.
El Gobierno sostiene que esta normativa busca corregir desigualdades históricas en el acceso a la tierra, ampliar oportunidades para sectores rurales y fortalecer el desarrollo productivo sostenible en regiones amazónicas estratégicas.
El INRA deberá reglamentar los procedimientos operativos en un plazo de 90 días, en coordinación con organizaciones campesinas e indígenas, para garantizar la aplicación efectiva de esta nueva política territorial.
INFORME. CYNTHIA DURÁN G.
