Congreso logra acuerdo de financiación para DHS, Pentágono y agencias domésticas rechazando recortes drásticos de la Casa Blanca
El Congreso de Estados Unidos ha cerrado un acuerdo de financiación que cubre al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Pentágono y varias agencias domésticas, en un paquete valorado en miles de millones de dólares para el año fiscal 2026. Este minibus legislativo, anunciado el 20 de enero de 2026, representa un avance bipartidista clave para evitar un cierre gubernamental antes de la fecha límite del 30 de enero.[1][2]
Para el DHS, el acuerdo proporciona una asignación discrecional total de 64.400 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones se destinan a actividades de defensa y 6.300 millones se compensan con recaudaciones de tarifas. Incluye recortes específicos como la eliminación de fondos para el Case Management Pilot Program, una reducción de 32,9 millones de dólares en la Oficina de Derechos Civiles y Libertades, 29,5 millones en la Oficina del Secretario y 5,3 millones en la Oficina de Ombudsman de Ciudadanía e Inmigración.[2] La Dirección de Gestión recibe 1.700 millones de dólares, más 2.000 millones para el Servicio Federal de Protección, totalmente compensados por tarifas. Se asignan 25 millones de dólares para Homeland Advanced Recognition Technology, un sistema biométrico actualizado; 16 millones para modernización de sistemas financieros; y 8,4 millones para la red empresarial de seguridad nacional.[2]
En operaciones de inmigración y aduanas (ICE), el paquete destina 165 millones de dólares para operaciones de fugitivos, sosteniendo equipos móviles de criminales extranjeros y respuestas especiales. Para Homeland Security Investigations, se proporcionan 2.600 millones de dólares, con incrementos sobre el nivel de 2025: 25 millones para seguridad en el Mundial de Fútbol 2026 y eventos America250; 13 millones contra fentanilo, incluyendo equipos de tarea y tecnologías; y 10,5 millones para investigaciones de explotación infantil, trabajo forzado y trata. Además, 89,6 millones de dólares para inteligencia protectora tras los atentados contra el presidente Trump, y 925,9 millones para operaciones de campo con mejoras en entrenamiento forense.[2]
La Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura recibe 2.600 millones de dólares, incluyendo 763 millones para operaciones cibernéticas en gestión de vulnerabilidades, construcción de capacidad y caza de amenazas, más 20 millones para cubrir vacantes críticas, con reducciones a programas redundantes o no autorizados.[2]
En defensa, el acuerdo se alinea con la propuesta de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) que autoriza 900.600 millones de dólares, un aumento de 8.000 millones sobre la solicitud del Pentágono. Destaca 162.000 millones para adquisiciones, 146.000 millones para investigación y desarrollo, 291.000 millones para operaciones y mantenimiento, y 234.000 millones para personal y salud militar. Incluye más de 25.000 millones para reabastecer municiones críticas como misiles Javelin, Stinger, Sidewinder, Tomahawk y artillería. Para la Fuerza Aérea, financia casi 2.600 millones para el caza F-47 de nueva generación y requiere un informe detallado para marzo de 2027 sobre requisitos, costos y cronograma hasta 2034.[5]
Para agencias domésticas, el paquete financia 2.500 nuevos controladores aéreos y 2.400 millones de dólares en apoyo, rechazando un recorte del 50% propuesto por la Casa Blanca al programa Essential Air Service (514 millones para servicios aéreos rurales). Aumenta 824 millones para modernizar torres de control y asigna 2 millones para un estudio independiente sobre el espacio aéreo de Washington DC tras el accidente de enero de 2025 que mató a 67 personas.[3]
Este acuerdo contrasta con la propuesta presupuestaria de la Casa Blanca de mayo de 2025, que buscaba recortes drásticos para generar ahorros y equilibrar el presupuesto, mientras proponía aumentos del 13% a 1,01 billones para defensa y 175.000 millones para DHS enfocados en seguridad fronteriza, muro, deportaciones masivas y eventos como el Mundial 2026.[4] El Congreso opta por niveles más moderados, preservando funciones esenciales pese a los recortes previos del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).[1]
El texto, aprobado inicialmente en la Cámara con amplio apoyo bipartidista (397 a favor en financiación parcial), avanza al Senado con expectativas de aprobación rápida, ya que la Administración Trump ha indicado que el presidente firmará la ley.[1] Quedan pendientes otros seis proyectos presupuestarios, incluyendo Salud, considerados complejos por diferencias políticas.[1]
