Caída del decreto ómnibus: los okupas e inquiokupas ya no podrán paralizar desalojos alegando vulnerabilidad
El Congreso de los Diputados ha rechazado el decreto ómnibus impulsado por el Gobierno, con los votos en contra de PP, Vox, UPN y Junts, lo que implica que las medidas para paralizar desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos okupas e inquiokupas, no se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2026.[2][1] Esta norma, originada en el Real Decreto-ley 11/2020 durante la pandemia y prorrogada seis veces, permitía suspender procedimientos de desahucio y lanzamientos incluso con sentencia judicial firme, si se alegaba vulnerabilidad, lo que afectaba a todos los propietarios en casos de inquiokupación, es decir, cuando un inquilino previo deja de pagar rentas voluntariamente.[2][1][3] Tras la caída del decreto, un simple papel alegando vulnerabilidad no impedirá el desalojo, siempre que lo autorice un juez o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, manteniendo así los procesos judiciales vigentes o nuevos bajo la normativa anterior, sin paralizaciones automáticas.[2][1][3]
El decreto ómnibus agrupaba medidas dispares, como la revalorización de las pensiones con un 2,7 por ciento general en 2026, del 7 por ciento en pensiones mínimas y del 11,4 por ciento en no contributivas e Ingreso Mínimo Vital, la congelación de cotizaciones sociales para autónomos, cotización adicional para bomberos, agentes forestales y medioambientales para adelantar jubilación, compatibilización de pensión y trabajo para médicos de atención primaria, familia y pediatras, prórroga del tipo reducido del 1,1 por ciento en IRPF para viviendas vacías, límites para regímenes simplificado y especial de IVA en agricultura, ganadería y pesca, y entregas a cuenta a comunidades autónomas.[3][1][7] PP y Junts rechazaron la convalidación por considerar que el Ejecutivo mezclaba temas ajenos, como la subida de pensiones con la moratoria antidesahucios, proponiendo ahora mantener solo la revalorización de pensiones.[1][3]
La Plataforma de Afectados por la Ocupación celebra el rechazo como una victoria para la seguridad jurídica de los propietarios, especialmente aquellos con una única vivienda okupada, y critica el decreto como una estrategia de chantaje legislativo que usaba pensionistas y familias trabajadoras como rehenes para mantener la impunidad de okupas e inquiokupas.[2][1][4] Su portavoz, Ricardo Bravo, afirma que el decreto era una coartada para que el Estado no asumiera su responsabilidad, y ahora el Gobierno está obligado a buscar soluciones habitacionales dignas y reales para vulnerables, en lugar de derivar esa función a ciudadanos particulares sin compensación.[2][4][5] La plataforma denuncia que la medida generaba inseguridad jurídica, provocaba retirada masiva de viviendas del mercado de alquiler y obligaba a propietarios a asumir gastos de suministros básicos para ocupantes.[6][5]
Desde la oposición, Podemos, a través de Ione Belarra, sostiene que el derribo deja en la calle a casi 60.000 familias en precariedad, mientras el ministro Félix Bolaños, del PSOE, alega que perjudica a 13 millones de pensionistas.[1] La Plataforma de Afectados por la Hipoteca estima hasta 70.000 desahucios beneficiados por la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025, más 27.564 desalojos anuales a nivel nacional, con Cataluña calculando 13.260 reactivables más 7.381 anuales.[4] Los procesos de desalojo seguirán siendo largos por la lentitud judicial, pero sin el blindaje previo.[3][5] Miriam Nogueras, diputada de Junts, ha explicado la posición de su grupo en este contexto.[2]
