“Cambiar la mirada mezquina por una mirada de país”
Hay algo particularmente peligroso en una democracia cuando la incertidumbre deja de ser una consecuencia de la realidad y comienza a convertirse en una herramienta política.
En Bolivia hemos empezado a escuchar nuevamente una narrativa que merece ser analizada con serenidad: cuando termine el “Estado de Excepción”, en octubre, inevitablemente volverá la convulsión social; regresarán los bloqueos, aumentarán los conflictos y el país ingresará nuevamente en una espiral de crisis.
¿Es realmente inevitable? Creo que no. Y hay una pregunta todavía más importante: ¿a quién beneficia que los bolivianos asumamos como inevitable que volveremos a estar en crisis?
Bolivia atraviesa una situación económica compleja, puesto que, venimos de años de deterioro de variables fundamentales, déficit fiscal persistente, escasez de divisas, dificultades en el abastecimiento de combustibles, presión fiscal y una economía que necesita recuperar producción, inversión y empleo. El “Estado de Excepción” fue decretado después de más de 50 jornadas de bloqueos y enfrentamientos y hoy transita su último mes.
No necesitamos negar esa realidad, pero necesitamos enfrentarla, pero enfrentar una crisis no significa convertirla en nuestro destino.
Existe una enorme diferencia entre advertir responsablemente sobre los riesgos sociales y económicos y trabajar políticamente para instalar la percepción de que el conflicto es inevitable. Lo primero es responsabilidad democrática y lo segundo puede convertirse en una profecía autocumplida.
Porque las sociedades también reaccionan a las expectativas. Si todos los días repetimos que después de octubre volverán los bloqueos, que ninguna inversión es segura, que ninguna reforma será posible y que el país inevitablemente volverá a la confrontación, no estamos simplemente describiendo una realidad: estamos construyendo un clima de incertidumbre. Y la incertidumbre tiene un costo.
Un empresario puede decidir no invertir. Una empresa puede postergar la ampliación de su planta. Un inversionista extranjero puede llevar su capital a otro país. Una institución financiera puede aumentar la percepción de riesgo.
Durante demasiado tiempo hemos separado artificialmente la política de la economía, como si una declaración política no pudiera afectar una inversión, como si un bloqueo no pudiera detener una fábrica o como si una amenaza de conflicto no pudiera afectar el empleo.
Hoy sabemos que no es así. La estabilidad política es un activo económico y la paz social también. Por eso resulta preocupante que algunos actores políticos puedan encontrar utilidad en mantener permanentemente abierta la posibilidad de una nueva crisis.
No hablo de limitar el derecho a protestar. Una democracia necesita oposición, crítica, movilización social y libertad de expresión. Tampoco significa otorgarle al Gobierno un cheque en blanco. Todo gobierno debe rendir cuentas, escuchar, corregir, explicar sus decisiones, garantizar derechos, fortalecer la institucionalidad y generar resultados.Pero también existe una responsabilidad colectiva: no destruir las condiciones mínimas que Bolivia necesita para recuperarse.
¿Qué gana Bolivia con otra crisis?
Esta debería ser la pregunta que todos tendríamos que hacernos.
¿Qué gana Bolivia si nuevamente se bloquean las carreteras?
¿Qué gana el trabajador si una fábrica deja de producir?
¿Qué gana el productor si no puede sacar su cosecha?
¿Qué gana el transportista si no existe combustible?
¿Qué gana el comerciante si cae el consumo?
¿Qué gana el joven que busca su primer empleo?
¿Y qué gana el país si un inversionista decide llevar su capital a Paraguay, Perú, Chile, Brasil o Colombia porque considera que Bolivia es demasiado riesgosa?
La respuesta es evidente: nada.
Aquí aparece una palabra que debemos recuperar en el debate público: “patriotismo”.
El patriotismo no consiste solamente en cantar el himno, levantar la bandera o recordar nuestra independencia cada 6 de agosto. También consiste en preguntarnos si nuestras acciones políticas ayudan o perjudican al país.
Porque cuando una acción política incrementa deliberadamente la incertidumbre, ahuyenta inversiones, destruye empleos o profundiza una crisis económica, el costo no lo paga el adversario político, lo paga Bolivia.
Y hay algo profundamente mezquino en desear que las cosas salgan mal para poder decir después: “Yo lo advertí”.Bolivia no necesita personas esperando equivocaciones para reivindicar sus pronósticos. Necesita personas dispuestas a trabajar para que esos pronósticos no se cumplan.
El éxito de Bolivia no debería pertenecerle a un partido, a un gobierno ni a una ideología. El éxito de Bolivia debería pertenecernos a todos.
Si logramos estabilizar la economía, atraer inversión, recuperar producción, generar empleo y abrir nuevas oportunidades, eso no debería ser interpretado simplemente como una victoria del Gobierno de turno. Debería ser una victoria de Bolivia.
Y si el país vuelve a caer en bloqueos, confrontación, paralización productiva y deterioro económico, tampoco será solamente una derrota del Gobierno. Será una derrota nacional.
Por eso Bolivia necesita una nueva cultura política. Una cultura donde la discrepancia no signifique enemistad. Donde la oposición no tenga que desear el fracaso del oficialismo, ni el oficialismo descalificar toda crítica. Donde el empresario no sea visto como enemigo y el trabajador no sea utilizado como instrumento político. Una cultura donde el Estado y el sector privado puedan sentarse en una misma mesa. Donde la inversión sea entendida como una fuente de empleo y oportunidades. Donde la protesta social sea compatible con el respeto a los derechos de los demás. Y donde la política vuelva a tener una finalidad superior: mejorar la vida de los ciudadanos.
Tenemos por delante meses decisivos donde:
– Podemos dedicar nuestras energías a pronosticar el próximo conflicto o podemos dedicarlas a evitarlo.
– Podemos seguir alimentando el miedo o podemos construir confianza.
– Podemos profundizar nuestras diferencias o encontrar aquello que todavía nos une.
La política siempre tendrá intereses, disputas y diferencias. Eso es parte de la democracia. Lo que no debería ser parte de la democracia es convertir el deterioro de Bolivia en una oportunidad política.
Tenemos derecho a cuestionar al Gobierno. Tenemos derecho a exigir resultados. Tenemos derecho a protestar, pero también tenemos el deber de pensar en las consecuencias de lo que hacemos y de lo que decimos.
Porque cuando instalamos la idea de que octubre será necesariamente el comienzo de una nueva crisis, no estamos ayudando a resolver los problemas que originan el malestar social.
Estamos alimentando la incertidumbre y en una economía que necesita inversión, producción y empleo, la incertidumbre es un lujo que no podemos permitirnos.
El fracaso de un gobierno puede ser una victoria electoralpero el fracaso de Bolivia nunca será una victoria para nadie.
Por eso ha llegado el momento de cambiar la mirada.
Dejar de preguntarnos “¿cuándo volverá el conflicto? y empezar a preguntarnos ¿qué podemos hacer para que no vuelva?”
Dejar de competir por quién anuncia primero la próxima crisis y comenzar a competir por quién ofrece mejores soluciones.
Dejar de construir política desde el miedo y empezar a construirla desde la esperanza.
Bolivia no necesita profetas de la crisis, necesita constructores de futuro.
Y hoy, apostar por la estabilidad, la inversión, la producción, el empleo y la esperanza no es ingenuidad, es responsabilidad, es visión, y sobre todo, es patriotismo.
