Tribunales bloquean la ley de California que prohibía a los condados verificar el registro de votantes
Un juez federal ha emitido una orden judicial preliminar que impide a California aplicar una ley estatal que prohibía a los condados retirar a votantes no elegibles de las listas electorales. La normativa, firmada por el gobernador Gavin Newsom el pasado otoño, pretendía invalidar las políticas locales que exigían auditorías de los registros de votantes. El tribunal determinó que la ley estatal probablemente vulnera la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993, la cual exige que los estados realicen esfuerzos razonables para mantener registros electorales precisos, incluyendo la eliminación de personas fallecidas o que han cambiado de residencia.
La demanda fue presentada por el condado de Shasta y el grupo conservador Judicial Watch, argumentando que la ley de California impedía a las autoridades locales cumplir con sus obligaciones federales de mantener listas de votantes actualizadas. En su fallo, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos señaló que la legislación estatal parece estar en conflicto directo con las directrices federales diseñadas para garantizar la integridad de las listas electorales. Según el magistrado, la prohibición impuesta por California sobre las medidas de verificación local limitaba la capacidad de los funcionarios para gestionar el censo electoral con precisión.
El estado de California sostenía que sus propias leyes de gestión de registros eran suficientes y que las políticas locales de purga de votantes eran propensas a errores que podrían privar a ciudadanos legales de su derecho al voto. Sin embargo, la resolución judicial indica que, en el ámbito de las leyes electorales nacionales, las normativas federales prevalecen sobre las estatales cuando estas restringen la capacidad de mantener listas limpias y verificables. El caso pone de relieve la tensión jurídica entre las políticas de administración electoral de California y el marco normativo federal que regula la transparencia en los registros de electores. La orden preliminar permanecerá vigente mientras continúa el litigio en las instancias judiciales correspondientes.
