El autor es Licenciado en Economía por la UMSA. Doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (Argentina). Académico de número de la ABCE y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).
La escasa inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), la falta de capacitación del capital humano, la alta informalidad laboral, la vigencia de marcos regulatorios e institucionales deficientes son los desafíos que debe encarar Bolivia si quiere mejorar su productividad y competitividad.
Generar en Bolivia un entorno estable, que impulse la competitividad y el crecimiento sostenible, demandará de los sectores público y privado una gran inversión en digitalización, educación y formalización.
Una revisión de los desafíos clave que tiene el país para llegar a niveles aceptables de competitividad y productividad, muestra que más del 80% de los trabajadores son informales, lo que se convierte en una limitante de mayor inversión en tecnología y capacitación, lo que a su vez impide elevar la productividad agregada.
Debemos reconocer que la productividad por trabajador es significativamente menor que el promedio latinoamericano, dificultando el aumento de salarios y la competencia global, a lo que debemos añadir que la falta de desarrollo de habilidades y calidad educativa limita el potencial de los trabajadores. Si a esto añadimos las debilidades regulatorias tenemos un amplio espectro de desincentivos a la inversión privada y la formalización.
El 2023 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) explicaba que “la productividad en Bolivia está entre las más bajas de América Latina y el Caribe, y es la peor de Sudamérica, brecha que se ha acentuado en la última década a partir de las mejoras logradas en países como Perú, Honduras y Guatemala, que han conseguido mejores índices de adopción de tecnología, junto con una reconversión de sus aparatos productivos, que se han enfocado sobre todo en los servicios de mayor valor agregado”.
De manera coincidente, la CEPAL y el BID reiteran que el rendimiento laboral boliviano no avanza a un mayor ritmo, debido a “la falta de innovación, un clima adecuado de inversiones y recambio tecnológico, junto con falta de incentivos hacia la fuerza laboral para especializarse y vincular el salario con mayor productividad”.
Sería muy conveniente que los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana hagan un análisis de esta realidad: la baja productividad es una de las causas más importantes para la presencia de los “trabajadores pobres”. Pese a los esfuerzos que hagan, como extender las horas de trabajo, los que trabajan en la agricultura de subsistencia, la economía informal o empresas pequeñas que apenas subsisten, no ganan lo suficiente para atender sus necesidades.
Gonzalo Flores, en un comentario publicado hace un par de semanas sobre el trabajo del economista, pensador y periodista norteamericano Henry Hazlittrecuerda que “los sindicatos no pueden aumentar los salarios reales de todos los trabajadores” porque “las políticas sindicales han reducido el nivel general de salarios reales respecto de lo que hubieran sido en un mercado libre”, actuando, paradójicamente, “como una fuerza anti-laboral”, con consecuencias negativas como: incremento del desempleo, alza de los costos de producción que suben los precios para los consumidores, desaliento de la inversión y, si bien los sindicatos no causan directamente la inflación, bajo políticas económicas keynesianas sus demandas de salarios más altos pueden llevar a los bancos centrales a emitir más dinero para sostener esos salarios, impulsando así la inflación.
Por eso, debemos reiterarlo, aumentar la productividad y asegurarse de que los mejores ingresos que se tengan se compartan equitativamente entre los empresarios e inversores –por mayores ganancias y beneficios para los accionistas- y los trabajadores –por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo– es de vital importancia para lograr reducir la pobreza y poder promover la formalidad.
Carlos Aranda, en un comentario de fines de marzo del año pasado, nos recuerda que, desde una perspectiva económica, lo relevante no es cuánto se paga, sino cuánto se paga en relación a lo que se produce. Para aproximarnos a este análisis utilizamos el PIB per cápita mensual como proxy (un servidor intermediario entre un usuario e Internet) de la productividad media del trabajador, una herramienta que, si bien no mide productividad sectorial directa, permite establecer relaciones comparativas razonables entre países. En el caso boliviano, la productividad mensual estimada es de 308 dólares, muy por debajo del costo laboral mínimo de 565 dólares. En otras palabras, el empleador está obligado por ley a pagar casi el doble de lo que produce el trabajador promedio.
El Gobierno junto a los trabajadores y empresarios debemos esforzarnos por hacer de Bolivia un país competitivo y productivo.
Por Rolando Kempff Bacigalupo. Presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).
