Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La mayoría de senadores y diputados de la patria se despereza en estas horas. Han completado dos semanas de la primera de dos vacaciones que tienen cada año —cumpliendo la Constitución obviamente— y se supone que a partir de este lunes volverán a sus oficinas y curules con agilidad felina, cargados de iniciativas legislativas y de fiscalización, listos para trabajar en comités, comisiones y plenos camarales matiné, tanda y noche, como se decía cuando las salas de cine reinaban en las ciudades del país.
Se espera que la Cámara Alta dé la primera muestra tratando y sancionando el Presupuesto General del Estadoreformulado de esta gestión. Imagino que intentará cumplir el objetivo antes del 6 de agosto, a fin de nutrir el primer informe del presidente Rodrigo Paz a los bolivianos sobre la situación del país y la mirada larga de su gobierno que incluye, por su puesto, el proyecto estatal o la brújula que debe orientar hacia dónde nos dirigimos como comunidad.
El PGE 2026 reformulado no tendría que enfrentar grandes dificultades en los siguientes meses de aplicación, luego de las negociaciones con el FMI y otros organismos de financiamiento, el cambio del régimen cambiario, la paulatina resolución de la crisis de los carburantes —aunque nunca se sabe—, la pretendida estabilización de precios, el ingreso suficiente de divisas que garantice el cumplimiento de obligaciones internacionales y, lo más importante, un genuino esfuerzo por la reducción del déficit fiscal.
Iniciada la segunda semana de julio, con los parlamentarios en plena vacación, el vocero gubernamental y el propio Jefe de Estado anunciaron el envío a la ALP de una docena de“leyes estructurales para la transformación del país”, cantidad que va en aumento en cada “anuncio del anuncio”, como ha estado mencionando mi hijo Sebastián en LPM, el exitoso programa de streaming que se produce en Santa Cruz.
En los primeros meses del actual gobierno se hablaba de al menos cinco normas fundamentales, en el Encuentro Nacional del 9 de mayo en Cochabamba el presidente cifró en 10 la cantidad de normas conversadas con líderespolíticos nacionales y representantes de los tres niveles del Estado. Dos meses después, el 9 de julio, José Luis Gálvez anunció 12 proyectos de ley de carácter estructural a ser enviados al Órgano Legislativo.
El ministro de Hidrocarburos explicó que por el momento el proyecto de ley que ya pasó por la socialización y luego por instancias de evaluación y validación del Ejecutivo como UDAPE, CONAPES y el gabinete de ministros es el de Electricidad. ¿En qué etapa están las otras 11 leyes estructurales que le darán forma al nuevo ciclo? ¿Será un envío gradual, gota a gota? Todo apunta a que será así.
Sin embargo, las leyes que buscarán darle sentido al mentado nuevo ciclo tropezarán con el grueso muro de la Constitución aprobada en 2009, el espejo del proyecto estatista del MAS y del populismo autoritario aplicado en lo político, económico y social. Para ponerlo en los términos del presidente Paz, la actual Constitución es la expresión más profunda del “Estado tranca”.
Mientras los legisladores estaban de vacaciones, después de los 53 días de bloqueos asestados por el evismo en contra del grueso de la población, se desarrollaron interesantes encuentros y conversatorios con conocedores de la economía nacional, la arquitectura institucional y la convivencia social. La coincidencia es la necesidad de encarar un proceso de reforma parcial de la Constitución para abrir los candados que puso la visión estatista del MAS y que impedirán cualquier intento real de cambio de modelo estatal.
El criterio coincidente es que las leyes estructurales —cinco, diez, doce— no tendrán destino si no se realizan cambios en la Carta Magna acordados con los sectores del país y traducidos en un nuevo texto constitucional aprobado por la ALP y la gente. La reforma parcial de la Constitución requiere una ley de reforma aprobada por dos tercios de los miembros presentes en el pleno de la Asamblea Legislativa y la posterior ratificación mediante un referéndum popular.
En las conclusiones del Encuentro Nacional de Cochabamba, el presidente Paz anunció la conformación de una comisión que encararía el desafío. Sin embargo, hasta el momento no se conoce del funcionamiento de esa instancia que no debería restringirse a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, sino abarcar al conjunto de la sociedad a través de sus sectores más representativos.
La reforma parcial de la Carta Magna es necesaria para la inauguración de un modelo económico y de atracción deinversión extranjera con seguridad jurídica en áreas estratégicas como la exploración y explotación en hidrocarburos, minería y litio, preservando la titularidad del Estado en los recursos naturales.
Es necesaria porque existe una fuerte presión regional por ajustar el régimen autonómico para que funcione de verdad sobre la base de nuevos modelos de coparticipación —como el 50/50—, que descentralicen los recursos y brinden mayor autonomía administrativa y económica a los gobiernosdepartamentales y municipales.
Es necesaria para superar de una vez la crisis judicial con el cambio en el sistema de elección de magistrados, poner freno a la injerencia política en todas las instancias judiciales, promover la eficiencia y la transparencia de los operadores de justicia, y garantizar un presupuesto mínimo para el Órgano Judicial fruto de la realidad económica, no de los apetitos de sus autoridades.
Es necesaria para dar paso a un nuevo momento de modernización del Estado con la reducción de la burocracia estatal y la adecuación de la normativa nacional para la incorporación de políticas de economía verde, digitalización e inteligencia artificial. Es necesaria porque me imagino que sigue en pie lo que casi todos los candidatos prometieron en campaña: la eliminación de la reelección presidencial. ¿O es que ahora aparecieron nuevos criterios?
