La norma establece un plazo de cinco años para reclamar la devolución de estos recursos. El dinero que no sea cobrado podrá destinarse a infraestructura judicial, personal de apoyo y modernización tecnológica, con excepciones para depósitos vinculados a derechos y garantías específicas.
El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó este lunes la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, que establece un plazo de cinco años para reclamar fondos depositados en procesos judiciales y dispone que aquellos que no sean cobrados dentro del periodo previsto pasen a ser administrados por el Órgano Judicial, conforme a las condiciones establecidas en la normativa.
El acto de promulgación se realizó en el hall de Palacio Quemado, donde el mandatario explicó que la medida busca agilizar los procedimientos administrativos y permitir que los recursos que permanecen inmovilizados durante años puedan contribuir al funcionamiento del sistema judicial.
Paz aclaró que la norma no pretende vulnerar los derechos económicos de las personas que tienen depósitos judiciales pendientes de devolución.
“Mediante la ley no se está violentando el derecho del que haya generado un depósito judicial, sino más bien, se está agilizando el procedimiento de devolución y aquello que no se devuelve se usa de buena manera para reforzar a nuestra justicia”, afirmó.
¿En qué se utilizarán los recursos?
El mandatario señaló que los fondos consolidados tendrán un destino orientado al fortalecimiento institucional y no al pago de salarios ni al gasto burocrático del Estado.
Según lo anunciado durante el acto, los recursos se destinarán a mejorar la infraestructura del Órgano Judicial, reforzar el personal de apoyo jurisdiccional y modernizar las herramientas tecnológicas utilizadas en la administración de justicia.
Paz destacó que la promulgación fue resultado de la coordinación entre las instituciones del Estado y el Parlamento, y sostuvo que el fortalecimiento del sistema judicial requiere la participación de diferentes instancias.
“Hay que revalorizar el rol de cada institución”, manifestó.
Cinco años para reclamar los depósitos
Entre los principales aspectos de la normativa figura el establecimiento de un plazo de cinco años para que los interesados soliciten la devolución de los depósitos judiciales.
De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, el cómputo comenzará cuando quede ejecutoriada la resolución judicial que autoriza el reembolso. Si transcurre ese periodo sin que se haga efectivo el cobro, pese a las notificaciones correspondientes, los recursos podrán pasar a la administración del Órgano Judicial, según el procedimiento previsto por la ley.
La norma contempla excepciones para determinados depósitos vinculados a derechos y garantías específicas. Entre ellos figuran los relacionados con asistencia familiar para la manutención de menores de edad, resarcimientos por daños a niños y por accidentes, así como garantías destinadas a evitar el arraigo o la fuga del país.
Estas exclusiones buscan evitar que la aplicación del plazo afecte recursos destinados a obligaciones de protección familiar, reparación de daños o garantías procesales.
Paz vincula la justicia con la democracia
Durante su intervención, el presidente sostuvo que la independencia y la transparencia judiciales son condiciones importantes para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana.
“La justicia es la medida de la democracia. Buena justicia, buena democracia. Una justicia en crisis, una democracia en crisis”, expresó.
También señaló que el fortalecimiento de las instituciones debe garantizar que las decisiones judiciales se adopten con independencia de los intereses políticos.
“Cuanta mayor independencia, fortaleza y transparencia tenga nuestra justicia, más tranquilos estaremos los bolivianos sabiendo que no dependen de la decisión política de un gobierno de turno, sino que la institucionalidad y las leyes están por encima de la voluntad de unos cuantos”, afirmó.
Con la promulgación de la ley, el Gobierno plantea aprovechar los depósitos judiciales que permanezcan sin reclamar dentro del plazo legal para fortalecer la infraestructura, los recursos humanos de apoyo y la tecnología del Órgano Judicial, bajo las condiciones y excepciones establecidas en la normativa.
INFORME. CYNTHIA DURÁN G.
