Ley de Inocencia Fiscal: los lineamientos del proyecto presentado por el Ministerio de Economía
El Poder Ejecutivo Nacional presentó el proyecto de ley denominado Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de establecer cambios estructurales en el sistema tributario y el gasto público. La iniciativa propone la eliminación de la facultad del Poder Ejecutivo para aumentar impuestos sin la aprobación previa del Congreso de la Nación. Este punto busca restringir la discrecionalidad en materia impositiva y fortalecer la seguridad jurídica de los contribuyentes.
En relación con el gasto público, el texto establece la obligación de que cualquier proyecto de ley que implique un aumento del gasto cuente necesariamente con una fuente de financiamiento identificada. La norma prohíbe la creación de nuevos tributos o el incremento de los existentes si no se compensan mediante la reducción de otros gastos o ingresos previstos. El objetivo es asegurar el equilibrio presupuestario y evitar el financiamiento mediante emisión monetaria o endeudamiento.
El proyecto incluye disposiciones para la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia estatal. Se plantea la implementación de una plataforma única de gestión tributaria que centralice las obligaciones fiscales de personas físicas y jurídicas, con el fin de disminuir los costos operativos de cumplimiento para los contribuyentes. Asimismo, se promueve la revisión de los regímenes de exenciones y beneficios impositivos vigentes, con el propósito de evaluar su impacto económico y fiscal.
Otro de los ejes de la propuesta es la limitación de la capacidad de los organismos reguladores para imponer tasas o gravámenes que no cuenten con una ley específica que los respalde. El proyecto establece plazos definidos para la adecuación de las normativas vigentes a los nuevos principios de racionalidad fiscal. La iniciativa presentada por el ministro Luis Caputo será remitida al Congreso para su tratamiento parlamentario y requiere de mayorías específicas para su aprobación, dado que implica modificaciones en la Ley de Administración Financiera y otras normas de carácter impositivo.
