La limitación de las guardias de los MIR a 24 horas y la jornada semanal de 35 horas ponen a prueba la sostenibilidad del sistema sanitario
El colectivo de médicos internos residentes ha solicitado formalmente al Ministerio de Sanidad la regulación de su jornada laboral para que esta no exceda las 35 horas semanales y se limite la duración de las guardias a un máximo de 24 horas consecutivas. Esta petición se fundamenta en la necesidad de garantizar el descanso del personal sanitario y mejorar la seguridad del paciente mediante la reducción de la fatiga asistencial.
El debate se sitúa en un contexto de escasez de profesionales en el sistema nacional de salud. La implementación de una jornada laboral más reducida y la eliminación de las guardias de larga duración suponen un reto operativo para los centros hospitalarios, que actualmente dependen de estas horas de servicio para cubrir la actividad asistencial permanente. La propuesta de los residentes busca equiparar sus condiciones laborales a las exigencias de conciliación y calidad de vida que ya se aplican en otros sectores profesionales y en diversos sistemas sanitarios europeos.
La actual organización del trabajo de los médicos residentes, que en ocasiones incluye guardias de hasta 24 horas seguidas, es señalada por el colectivo como un factor de riesgo para la salud del profesional y un elemento que desincentiva la retención de talento médico en el sector público. La solicitud plantea la necesidad de modificar el real decreto de la relación laboral especial de los médicos residentes para introducir estos límites de forma obligatoria en todo el territorio nacional.
Para el Ministerio de Sanidad, la viabilidad de esta medida está sujeta a la capacidad del sistema para gestionar la falta de especialistas. Si se reducen las horas de presencia física de los residentes, será necesario incrementar la contratación de nuevos facultativos o reorganizar los servicios para mantener la cobertura de los pacientes. La transición hacia un modelo de jornada más corta implica necesariamente una reestructuración de los costes y de la distribución del personal médico, parámetros que aún deben ser analizados en las mesas de negociación con los representantes sindicales y las comunidades autónomas.
