La Libertad Avanza propone arancelar servicios públicos de educación y salud para extranjeros en la Provincia de Buenos Aires
El bloque de legisladores de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense presentó un proyecto de ley destinado a establecer el arancelamiento de los servicios públicos de educación superior y de salud para los ciudadanos extranjeros que no residan de forma permanente en el país. La iniciativa busca modificar la Ley 10.430 y otras normativas provinciales con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas públicos ante la demanda de personas no residentes.
El proyecto fundamenta la medida en la necesidad de ordenar la administración de los recursos estatales, argumentando que el Estado provincial debe priorizar el sostenimiento de sus servicios mediante el aporte contributivo de quienes no poseen residencia legal y permanente. Los legisladores proponen que el acceso a la educación universitaria y a las prestaciones hospitalarias, que actualmente se brindan de manera gratuita independientemente de la condición migratoria, sea arancelado para aquellos extranjeros que no cumplen con los requisitos de residencia establecidos por la Dirección Nacional de Migraciones.
La propuesta técnica detalla que los fondos recaudados a través de estos aranceles serán destinados exclusivamente al mantenimiento y mejora de la infraestructura de las universidades y los centros de salud afectados por la normativa. Los impulsores de la iniciativa sostienen que esta regulación permitiría una mayor eficiencia en el gasto público y una distribución más racional de los recursos de la Provincia, siguiendo criterios de reciprocidad vigentes en otros países del mundo.
El texto legislativo presentado contempla además la creación de mecanismos de control administrativo en cada institución para verificar el estatus migratorio de los usuarios antes de la prestación del servicio. El objetivo central de la bancada libertaria es implementar un sistema que diferencie entre quienes contribuyen al fisco local y quienes, residiendo fuera de los marcos legales permanentes, hacen uso de los servicios públicos financiados mediante los impuestos de los ciudadanos bonaerenses.
