La acción penal alcanza a otras 15 personas y busca esclarecer posibles responsabilidades en un contrato de radares firmado en 2016 por más de 191 millones de euros. Una auditoría interna estimó un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones.
El Ministerio de Defensa presentó este jueves, 15 de octubre, una querella penal ante la Fiscalía contra cuatro exministros y otras 15 personas por presuntas irregularidades en el proyecto SIDACTA, destinado a implementar un sistema integrado de defensa aérea y control del tránsito aéreo en Bolivia.
La acción busca que el Ministerio Público investigue las decisiones adoptadas durante la ejecución del proyecto, determine si existieron delitos y establezca las responsabilidades individuales que correspondan.
Entre los exministros incluidos en la querella figuran Reymi Ferreira Justiniano, Javier Zavaleta López, Luis Fernando López Julio y Edmundo Novillo Aguilar. La denuncia también comprende a exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista.
El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, informó que los presuntos delitos identificados son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. De acuerdo con los antecedentes presentados, el posible daño económico fue estimado en Bs 1.478 millones.
Un contrato de más de 191 millones de euros
El proyecto SIDACTA fue contratado en 2016 por un monto superior a 191 millones de euros bajo la modalidad de llave en mano. El acuerdo contemplaba la provisión e instalación de radares civiles y militares, centros de control, sistemas de comunicación, obras civiles, software, capacitación y transferencia tecnológica.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que el contrato no se limitaba a la adquisición de equipos individuales, sino que debía garantizar la entrega de un sistema completo y funcional.
“No se compraron radares aislados. Se contrató un proyecto llave en mano. Eso significa que el Estado debía recibir un sistema completo, integrado, funcional y puesto en operación”, señaló.
Siete modificaciones y observaciones en los radares
Según los antecedentes de la auditoría interna, el contrato tuvo siete modificaciones que ampliaron el plazo de ejecución de 31 a 82 meses. La entrega y demostración final del proyecto se reportaron aproximadamente 98 meses después de emitida la orden de proceder.
Los informes técnicos identificaron observaciones en 11 de los 13 radares que integraban el sistema. De ese total, nueve estaban operativos, pero presentaban observaciones, mientras que dos no se encontraban operativos. Los otros dos funcionaban sin observaciones.
Pese a las observaciones técnicas, el proyecto reportó un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 97,85%.
La Unidad de Auditoría Interna estimó un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones. La cuantificación y los fundamentos de ese monto deberán ser examinados por las instancias competentes durante la investigación.
Las gestiones ministeriales comprendidas en la querella
Los antecedentes presentados por Defensa vinculan a los cuatro exministros con la suscripción del contrato original o de sus modificaciones durante sus respectivas gestiones.
- Reymi Ferreira Justiniano: suscribió el contrato original y los dos primeros contratos modificatorios.
- Javier Zavaleta López: suscribió las modificaciones tercera y cuarta.
- Luis Fernando López Julio: suscribió la quinta modificación.
- Edmundo Novillo Aguilar: suscribió las modificaciones sexta y séptima.
La cartera de Estado aclaró que la inclusión de estas personas en la querella no implica una declaración anticipada de culpabilidad. La investigación deberá establecer qué decisiones se adoptaron, si existieron irregularidades y qué responsabilidad corresponde a cada involucrado.
“No se está acusando a nadie simplemente por haber sido ministro, funcionario público, militar o representante de una empresa”, señala el documento presentado ante la Fiscalía.
Defensa anuncia coordinación con otras instituciones
El Ministerio de Defensa anunció que coordinará acciones con la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia para respaldar las investigaciones, esclarecer los hechos y proteger los recursos públicos.
El ministro Ernesto Justiniano sostuvo que el proceso debe avanzar con respeto al debido proceso y al derecho a la defensa de todas las personas comprendidas en la querella.
“No habrá encubrimiento. Tampoco habrá condenas anticipadas. Habrá investigación, debido proceso y defensa firme del patrimonio del Estado”, manifestó.
Con la presentación de la acción penal, los antecedentes del proyecto SIDACTA pasan a consideración del Ministerio Público, que deberá evaluar los elementos presentados y definir las actuaciones investigativas correspondientes. La determinación de responsabilidades penales dependerá del desarrollo del proceso y de las decisiones de las autoridades judiciales.
INFORME. CYNTHIA DURÁN G.
