El informe policial en España menciona a Arce, exministros y a Zapatero por presuntas gestiones en litigio entre Soboce y Fancesa.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España menciona al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, al expresidente boliviano Luis Arce y a exautoridades de Gobierno en el marco de una investigación sobre presuntas gestiones de intermediación relacionadas con el litigio entre la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) y la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa).
De acuerdo con la documentación revelada por medios españoles, la investigación sostiene que Zapatero habría recibido 200.000 euros mediante un contrato de consultoría suscrito con una empresa peruana que, según los investigadores, habría servido para canalizar pagos vinculados a labores de intermediación a favor del Grupo Gloria, conglomerado peruano propietario de Soboce.
El caso surge en el contexto de una disputa judicial que se remonta a 2011. Fancesa demandó a Soboce por competencia desleal y, tras varios años de procesos judiciales, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ratificó en febrero de 2025 una condena que obligaba a la cementera a pagar aproximadamente 107 millones de dólares.
Según la investigación policial española, el Grupo Gloria buscó apoyo para revertir o frenar los efectos de esa decisión judicial. El informe señala que Zapatero habría sostenido reuniones y contactos con distintas autoridades bolivianas, entre ellas el entonces presidente Luis Arce, el exministro de Economía Marcelo Montenegro, el exministro de Justicia César Siles y el exprocurador Ricardo Condori.
La cronología expuesta por la UDEF indica que las gestiones comenzaron en mayo de 2024. Posteriormente, en septiembre de ese año, Rodríguez Zapatero sostuvo reuniones con Arce y Montenegro. Meses después, en mayo de 2025, también habría mantenido contactos con el entonces ministro de Justicia, César Siles, según comunicaciones analizadas por los investigadores.
El informe agrega que, tras la ratificación de la condena contra Soboce por parte del Tribunal Supremo boliviano, la empresa presentó una acción constitucional. El 30 de mayo de 2025, una sala constitucional de La Paz dejó sin efecto temporalmente la sentencia que ordenaba el pago de los 107 millones de dólares a Fancesa.
La Policía española sostiene que, después de esa resolución, se completaron los pagos pactados a favor de Zapatero mediante transferencias realizadas desde la empresa Focus Social Research, señalada por los investigadores como una presunta intermediaria utilizada para justificar los desembolsos.
La UDEF afirma que la secuencia de reuniones, comunicaciones y pagos permite inferir la existencia de una dinámica de influencia orientada a favorecer los intereses empresariales del Grupo Gloria. No obstante, el proceso continúa en investigación y hasta el momento no existe una resolución judicial firme que establezca responsabilidades penales sobre las personas mencionadas en el informe.
Hasta la fecha, los exministros bolivianos citados en la investigación y las demás personas mencionadas no habían emitido pronunciamientos públicos respecto a los señalamientos contenidos en el informe policial español. Asimismo, el litigio entre Soboce y Fancesa continúa su curso dentro de la jurisdicción boliviana.
El caso ha adquirido relevancia internacional debido a que involucra a un expresidente de Gobierno de España y a altas exautoridades bolivianas, mientras las autoridades judiciales españolas continúan analizando la documentación incorporada al proceso.
