Toda institución nace con una promesa de higiene y suele acabar administrando su propia opacidad. En 2016 la FIFA, todavía convaleciente del mayor escándalo de su historia, entronizó a Gianni Infantino bajo la divisa de la regeneración. Una década después, el balance de su mandato exhibe una paradoja: nunca el organismo fue tan opulento, y rara vez fue tan cuestionado el ethos de quien lo conduce. Conviene advertir, con rigor, que no existe condena alguna ni imputación probada; lo que existe es una acumulación de indicios, de silencios y de explicaciones insuficientes. La presunción de inocencia es el punto de partida, pero no puede ser, a la vez, una coartada para la penumbra.
El episodio más reciente lo aportó una investigación de The Times, firmada por Martyn Ziegler. Según ella, los documentos de FWC2026 US Inc., la sociedad constituida para organizar el torneo en territorio estadounidense, revelarían una segunda fuente de ingresos de Infantino: 1,76 millones de dólares adicionales en 2024. El informe anual de la FIFA, en cambio, consignó para ese año 4,274 millones de francos suizos entre salario y otros conceptos, sin reflejar ese pago. La evidencia procedería de una declaración fiscal presentada ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. Fuentes consultadas sugieren montos similares o mayores en 2025 y 2026, pero esas cifras no fueron confirmadas. La salvedad es indispensable: lo documentado es 2024, y lo demás es conjetura.
La respuesta institucional merece examen. Un portavoz de la FIFA se limitó a señalar que la remuneración del presidente y sus beneficios contractuales los determina un subcomité de compensaciones. Esa fórmula identifica a quién decide, pero elude la cuestión sustantiva: por qué un ingreso presuntamente percibido no fue divulgado donde correspondía. Infantino, por su parte, no se ha pronunciado públicamente sobre los antecedentes descritos. Miguel Maduro, expresidente del comité de gobernanza del organismo, advirtió que omitir tales pagos podría contravenir las propias reglas de transparencia y reclamó una investigación independiente. Vivimos en una sociedad que exige transparencia casi litúrgica a los individuos, mientras las estructuras que más poder concentran cultivan, con serenidad, la reserva.
Para comprender la magnitud del asunto hay que atender al sustrato material. El ciclo 2019-2022, impulsado por Catar, arrojó 7.568 millones de dólares. Para 2023-2026 la FIFA presupuestó 13.000 millones, un aumento previsto del 72%, con 2.000 millones atribuibles al Mundial de Clubes. Tras el torneo, el organismo informó que este generó casi 15.000 millones de dólares, superando sus propias proyecciones; a ello se suma una comisión del 15% a comprador y vendedor en la reventa oficial de entradas. Se trata de cifras que la propia FIFA comunica, y habrá que esperar los estados auditados para consolidarlas. Aun así, describen una entidad cuyo caudal ya no guarda proporción con el control que sobre ella ejerce la opinión pública.
Los defensores del modelo esgrimen un argumento atendible: la redistribución. La FIFA afirma que reinvertirá más de 11.673 millones de dólares, superior al 90% de su presupuesto. Cada una de las 211 federaciones puede optar a un máximo de 8 millones por ciclo en el programa Forward. Sin embargo, el dato admite una lectura menos complaciente. La proporción del gasto destinada al desarrollo habría descendido del 44% en 2019-2022 al 36% en 2023-2026, y las proyecciones para 2027-2030 la sitúan en el 29%. Observadores subrayan que estos fondos operan, además, como instrumento electoral, pues llegan a todas las federaciones sin distinción de tamaño. Mientras tanto, quien captura los ingresos rara vez asume también los costos, y las ciudades anfitrionas lo saben.
Esta erosión de la confianza tuvo su detonante institucional en el proyecto FIFA Forward Enterprise. La iniciativa, vinculada a la gestión y financiación de los Mundiales, suscitó una fuerte oposición entre las confederaciones e Infantino terminó abandonándola. UEFA, CONCACAF y AFC respondieron con una carta abierta en la que sostienen que el fútbol no pertenece a ningún individuo y denuncian que la confianza se quebró mediante el engaño. La UEFA, además, mantuvo su amenaza de boicotear las Copas del Mundo, al considerar insuficientes la retirada del plan y las disculpas. Estamos ante lo que cabe llamar una crisis de legitimación: cuando la autoridad ya no se justifica ante quienes la delegaron, solo le resta apelar a su propia eficacia.
El mapa de lealtades es, sin embargo, más matizado que el relato de un caudillo aislado. Ni la CAF, ni la CONMEBOL, ni la Confederación de Oceanía firmaron la misiva. El 8 de octubre, Patrice Motsepe reiteró que la CAF respaldará a Infantino en las próximas elecciones. Su tesis es que el destino del presidente debe decidirlo el voto de los 211 miembros en el Congreso de Rabat, el 18 de marzo. El argumento es formalmente impecable, pero encierra una ironía estructural: en un régimen de un miembro, un voto, la prodigalidad convertida en lealtad opera como una aritmética de la gratitud, y la gratitud, como se sabe, suele ser enemiga de la fiscalización.
Resta la figura del Secretario General. Circulan versiones, atribuidas al periodista Romain Molina y difundidas en redes, sobre un eventual desplazamiento de Mattias Grafström. Carecen de confirmación oficial y deben tratarse como lo que son: rumores. Lo constatable es que Grafström suscribió, junto a Infantino, la carta a las 211 asociaciones en la que ambos pidieron comprensión por el proyecto fallido. La defensa corporativa que la FIFA brinda a su titular, lo confirma como un alto ejecutivo con sorprendentes dotes de, burócrata mundial.
Conviene, pues, evitar tanto el linchamiento como la complacencia. Infantino ha presidido una expansión comercial sin precedentes y goza de apoyos reales, de manera que reducirlo a caricatura sería una impostura analítica. Pero un poder que decide sobre el calendario, el formato y las arcas del deporte más popular del planeta, y que no explica con nitidez cuánto percibe ni de quién, ha devenido soberano en el sentido más inquietante del término: aquel que determina cuándo rigen las reglas y cuándo quedan en suspenso. Las demandas son modestas y verificables: una auditoría independiente de las compensaciones, la divulgación íntegra de todo ingreso vinculado a entidades de la FIFA y una respuesta pública del propio presidente. Rabat será, entonces, algo más que un comicio: será la medida de cuánto está dispuesta la familia del fútbol a tolerar que la excepción se vuelva norma.
