El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que el Gobierno se constituyó como parte del proceso penal por tráfico de oro y solicitó que la investigación no se limite solo a quien fue sorprendido portando el mineral, sino que alcance también a propietarios, coautores, cómplices e instigadores. “No podemos quedarnos únicamente en el ámbito punitivo. Tenemos que ir detrás de toda la estructura que sostiene este delito”, afirmó.
García explicó que además se trabaja para fortalecer la trazabilidad de la información. Por ello pidieron que el sistema de control de SENARECOM pueda interoperar con los sistemas de Aduana, de manera que en el futuro se aminore el riesgo de que estos hechos continúen cometiéndose. El objetivo es desestructurar las redes que en el pasado operaban sin que se las detectara.
El viceministro también reveló que en las últimas tres gestiones se reportaron 195 denuncias vinculadas a SENARECOM y la AJAM hechos que comprometen la integridad de las instituciones. “No se trata de un caso aislado. Estamos trabajando para desarticular estos mecanismos y que no se repitan”, concluyó.
INFORME. DONALD MALDONADO
