El gobierno de Rodrigo Paz ha sido descertificado por la administración de Donald Trump por incumplimiento en la lucha contra el narcotráfico. Esto implica una serie de sanciones, como ocurrió con la cancelación del ATPDEA en 2008. El cumplimiento estricto de la descertificación implicaría el corte de toda ayuda de Estados Unidos al gobierno de Paz y el bloqueo de créditos frente al FMI, el Banco Mundial, el BID y otros organismos. Sin embargo, esto no sucede.
Cada año, el presidente de Estados Unidos debe enviar al Congreso un informe sobre los esfuerzos antidrogas de los principales países productores o de tránsito de drogas. Si un país es “certificado”, significa que Washington reconoce su cooperación; si es “descertificado”, se determina oficialmente que ha “fallado demostrablemente” en cumplir sus obligaciones internacionales en esta materia. En consecuencia, el actual gobierno no ha logrado un cambio sustancial en la lucha contra el narcotráfico y se ratifica la tesis de la existencia en Bolivia de un Estado-narco.
En la práctica, la descertificación ha afectado a varios países. En el ciclo más reciente (2025-2026), los países señalados por “fallar demostrablemente” fueron Afganistán, Birmania, Bolivia y Colombia. En contraste, Venezuela fue retirada de esta lista después de casi dos décadas, en un gesto político hacia el nuevo gobierno interino subordinado al gobierno de Trump. Es más: después de la captura y el traslado de Maduro a una prisión en Estados Unidos, ya no se habla del “cártel de los Soles” ni del traslado de drogas por el Caribe, tampoco se atacan lanchas.
Estados Unidos es un país que se beneficia de las drogas, tanto por los millones de consumidores que tiene como por su sistema financiero, en cuyas cuentas se lavan los dineros del narcotráfico. Un último dato de este colonialismo en torno a las drogas de parte de Estados Unidos hacia los países de la región es la información de que Costa Rica envió a Estados Unidos 45 toneladas de cocaína decomisadas en los últimos meses para su destrucción, en medio de la estrecha cooperación entre ambas naciones en la lucha “contra el narcotráfico”. Esto es inconcebible, debido a que la incineración de cocaína es lo más elemental y básico: como ponerle gasolina y prenderle fuego al producto.
La descertificación de Estados Unidos hacia Bolivia es un proceso que se ha extendido por décadas. El número exacto de veces que Bolivia ha sido descertificada varía según la fuente y el período que se analice, pero los datos más recientes indican que, desde 2008, Bolivia ha sido descertificada en 18 ocasiones. A esto se suman las múltiples amenazas y certificaciones condicionales que el país recibió desde finales de la década de 1980. Bolivia estuvo “casi descertificada por lo menos tres veces” desde 1987 debido al incumplimiento de las metas de erradicación de coca. En 1995, Washington impuso una “certificación condicionada” en lugar de una descertificación plena. Entre 1993 y 1994, el gobierno de Sánchez de Lozada estuvo muy cerca de ser descertificado, lo que lo llevó a implementar la erradicación forzosa en el Chapare para evitar la sanción. En 1997, bajo el gobierno de Hugo Banzer, Bolivia se libró una vez más de la descertificación tras erradicar 7.026 hectáreas de coca.
La situación cambió drásticamente con los gobiernos de Evo Morales. En septiembre de 2008, el gobierno de George W. Bush descertificó a Bolivia por primera vez de manera oficial, argumentando que había “fracasado de manera comprobable” en la lucha contra las drogas. Esta decisión se produjo pocos días después de que ambos gobiernos suspendieran sus relaciones diplomáticas y Bolivia expulsara a la DEA. La descertificación se repitió en 2009 por segundo año consecutivo y continuó de forma ininterrumpida durante los años siguientes. El 16 de septiembre de 2026, el gobierno de Donald Trump envió al Congreso su determinación presidencial anual correspondiente al año fiscal 2027. Bolivia fue incluida nuevamente en la lista de países que “fallaron demostrablemente” en cumplir sus obligaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico. Según datos de la UNODC, Bolivia registró 36.400 hectáreas de coca en 2025, frente a las 34.000 de 2024, un incremento del 7%. Washington advirtió que la “corrupción endémica” en el país continúa facilitando el tráfico de drogas y obstaculizando las investigaciones.
Ahora bien, el descertificador —quebrantando su propia ley y política— incorpora al gobierno de Paz al Escudo de las Américas y viene desarrollando varias tareas de carácter militar, político e ideológico. Esta situación puede complicarse si Bolivia nuevamente es descertificada, porque la detención de Marset y la destitución del fiscal Mariaca, por sí solas, no son indicadores de cumplimiento de la lucha contra las drogas. El indicador más importante sigue siendo la existencia del Estado-narco.
El doble rasero es evidente. Estados Unidos descertifica a Bolivia por no cumplir metas antidrogas, pero al mismo tiempo la incorpora al Escudo de las Américas, le ofrece cooperación militar y policial, y no le corta toda la ayuda económica. Descertifica a Colombia, pero la integra después a su alianza de seguridad. Retira a Venezuela de la lista negra por un gesto político, no por resultados verificables. Se beneficia del consumo de drogas y del lavado de dinero en su sistema financiero, mientras exige a los países andinos una lucha sin cuartel. Y convierte la certificación anual en una herramienta de presión geopolítica, no en una evaluación técnica imparcial.
En síntesis, la descertificación no mide la eficacia antidrogas; mide la obediencia geopolítica. Bolivia puede ser descertificada y, a la vez, cortejada. Puede ser señalada como Estado-narco y, al mismo tiempo, invitada al Escudo de las Américas. Ese es el doble rasero del descertificador.
