El viceministro de Transparencia, Yamil García, anunció este martes que se presentará una denuncia penal contra exautoridades y exmiembros del directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) por un presunto daño económico al Estado de Bs 4,589 millones, relacionado con la adquisición de un millón de billetes conmemorativos por el Bicentenario de Bolivia.
Según García, el BCB dispuso el 18 de abril de 2024 la compra de un millón de ejemplares por un monto superior a Bs 4,5 millones, con el objetivo de comercializarlos. Sin embargo, una auditoría especial estableció que menos del 4% de los billetes fueron vendidos hasta la fecha.
“Esta adquisición ha costado a todos los bolivianos más de 4 millones con 589 mil bolivianos”, afirmó la autoridad durante una conferencia de prensa.
El viceministro cuestionó que la operación se hubiera realizado sin contar previamente con un estudio técnico y legal que determinara la factibilidad y conveniencia de destinar recursos públicos a la impresión de estos billetes conmemorativos.
Venta mínima y cuestionamientos
García explicó que, de acuerdo con los datos revisados, el BCB habría comercializado en promedio 270 billetes al mes. A ese ritmo, la venta del millón de ejemplares podría extenderse durante cientos de años, evidenciando, según la autoridad, la escasa demanda que tuvo la emisión.
“Previo a la disposición de recursos, previo a la asignación de más de cuatro millones y medio de bolivianos, no se ha efectuado un mínimo estudio técnico ni legal que demuestre la factibilidad de esta operación”, sostuvo.
La autoridad señaló que entre los posibles responsables de la operación figuran el expresidente interino del BCB Edwin Rojas, exmiembros del directorio y otros funcionarios que ocupaban cargos de responsabilidad dentro de la entidad durante la gestión de Luis Arce.
Tres presuntos delitos
La denuncia será remitida al Ministerio Público y contempla, inicialmente, tres presuntos delitos: conducta antieconómica, contrato lesivo al Estado y la emisión de los billetes conmemorativos sin valor legal sin que existiera, según la denuncia anunciada, una normativa que habilitara dicha operación.
García remarcó que la determinación de iniciar un proceso penal responde a los resultados de la auditoría especial y sostuvo que corresponde a la justicia establecer las responsabilidades individuales.
“El resultado es que menos del 4% de estos billetes del Bicentenario han sido efectivamente vendidos”, señaló.
La investigación buscará establecer cómo se tomó la decisión de destinar Bs 4,589 millones a la adquisición de un millón de ejemplares, qué criterios técnicos y legales fueron utilizados y quiénes participaron en la aprobación de la operación.
INFORME. CYNTHIA DURÁN G.
