A treinta y dos años del atentado a la AMIA: la persistencia de la impunidad judicial
El 18 de julio de 1994, un coche bomba impactó contra la sede de la AMIA en la calle Pasteur 633, resultando en la muerte de 85 personas y dejando centenares de heridos. A tres décadas del ataque, el sistema judicial argentino no ha logrado condenas firmes ni el esclarecimiento completo de los responsables. Las investigaciones han atravesado múltiples etapas, incluyendo el juicio oral que culminó en 2004 con la absolución de todos los acusados locales, proceso que fue anulado parcialmente en 2006.
En 2005, el fiscal Alberto Nisman asumió la titularidad de la Unidad Fiscal AMIA y señaló al gobierno de Irán como autor intelectual, acusando a funcionarios iraníes y a integrantes de la organización Hezbollah de ejecutar el atentado. Sobre ellos pesan órdenes de captura internacional mediante alertas rojas de Interpol. El vínculo entre la causa AMIA y las presuntas responsabilidades estatales derivó en un conflicto institucional tras la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán en 2013, acuerdo que fue declarado inconstitucional por la justicia argentina.
La muerte del fiscal Nisman en enero de 2015, ocurrida días después de presentar una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento de los sospechosos iraníes mediante el memorándum, alteró el curso de la investigación. El caso AMIA suma además causas paralelas por encubrimiento que involucraron a ex funcionarios, magistrados y representantes de fuerzas de seguridad.
La reciente resolución de la Cámara Federal de Casación Penal determinó que el atentado contra la AMIA, al igual que el ataque a la Embajada de Israel en 1992, fue organizado por Hezbollah bajo el patrocinio estatal de Irán, calificando al hecho como un delito de lesa humanidad. A pesar de estas definiciones jurídicas y del paso de ocho mundiales de fútbol desde aquel suceso, la ausencia de detenidos y la falta de avances en las etapas de juzgamiento evidencian la incapacidad del Estado para resolver la causa más importante de su historia reciente. La investigación sigue abierta en el fuero federal, mientras los familiares de las víctimas continúan reclamando justicia tras 32 años de inacción.
