¿Sororidad o dinero público?

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Hay algo que debemos aprender a distinguir en el debate público: una cosa es el valor del trabajo de una persona y otra, completamente distinta, es la responsabilidad de quienes administran los recursos del Estado.

La controversia generada por la contratación de una embajadora de marca por parte de ENTEL, por un monto cercano a Bs 500.000 durante un año, ha provocado una serie de reacciones que, en muchos casos, están desviando la discusión de su verdadero centro.  De pronto, el debate ya no parece ser sobre el gasto público, sino sobre el derecho de una mujer a cobrar por su trabajo, el valor de su marca personal, el emprendimiento femenino y la sororidad.  Pero no confundamos las cosas.  Nadie está cuestionando el derecho de una persona a construir una marca personal, establecer sus honorarios, negociar contratos o recibir una remuneración por su trabajo. 

Ese derecho no está en discusión y no necesita ser defendido frente a una pregunta sobre administración pública.   Más allá de esto: ¿por qué una empresa estatal considera pertinente destinar alrededor de medio millón de bolivianos a esta contratación?, ¿cuáles son los criterios económicos que sustentan esa decisión y qué resultados concretos espera obtener?

La sororidad no puede convertirse en un argumento para evitar la fiscalización. Defender el trabajo de las mujeres no significa respaldar automáticamente las decisiones de quienes administran instituciones públicas y cuestionar una contratación estatal no significa atacar a la mujer que presta un servicio profesional.  Son dos asuntos diferentes.  ENTEL es una empresa pública; puede y debe desarrollar estrategias comerciales, invertir en publicidad, fortalecer su posicionamiento y competir en el mercado. Pero esa libertad empresarial no elimina su responsabilidad frente a la ciudadanía.

Cuando se utilizan recursos públicos, no basta con decir que existe un contrato o que el servicio tiene un precio de mercado. Hay que demostrar que la contratación responde a una necesidad institucional, que representa una inversión razonable y que existe una relación entre el dinero comprometido y los beneficios que se esperan obtener.

¿Se realizó una evaluación de alternativas? ¿Cuál es el retorno esperado de esta inversión? ¿Qué objetivos comerciales se persiguen? ¿Cómo se medirán los resultados? ¿Quién tomó la decisión y bajo qué criterios?

 Estas no son preguntas machistas, tampoco son ataques personales. Son preguntas legítimas de cualquier ciudadano que tiene derecho a conocer cómo se administra el dinero público.  Y en un país donde se habla permanentemente de dificultades económicas, restricciones presupuestarias, falta de recursos y necesidad de recurrir al sector privado para impulsar la economía, resulta legítimo preguntarnos cuáles son las prioridades de nuestras instituciones y cómo están tomando sus decisiones de gasto.

Mientras las familias hacen esfuerzos para llegar a fin de mes, mientras los emprendedores enfrentan dificultades para sostener sus negocios y mientras se exige austeridad a distintos sectores, las instituciones públicas tienen que demostrar que cada inversión está debidamente justificada.  Ni hablamos de las reducciones en planillas en cuanto a trabajadores. 

No se trata de satanizar la publicidad ni de pretender que las empresas estatales dejen de invertir. Se trata de exigir responsabilidad en el uso del dinero público.  Y este cuestionamiento debe extenderse a todas las instituciones: publicidad, consultorías, eventos, viajes, contratos y servicios. No podemos acostumbrarnos a que cualquier gasto quede justificado simplemente porque existe una necesidad administrativa o porque alguien considera conveniente realizarlo.

La Constitución Política del Estado, en su artículo 232, establece principios como la transparencia, la responsabilidad, la eficiencia y los resultados en la administración pública. No son conceptos decorativos ni compromisos que se invocan únicamente en los discursos. Son principios que deben reflejarse en las decisiones cotidianas de quienes administran recursos públicos.  La austeridad tampoco significa paralizar la gestión. Significa establecer prioridades, evaluar costos, medir resultados y comprender que el dinero público tiene un propósito superior: servir a la sociedad.   Por eso, las prioridades nacionales no pueden convertirse en una discusión sobre la valoración profesional de una mujer.

La ciudadanía no tiene que justificar el precio de una marca privada. Pero, quienes administran el dinero público sí tienen que justificar cada decisión que toman con él.  Finalmente, la sororidad no significa aplaudir todas las decisiones de una mujer, así como la defensa de los derechos de las mujeres no significa renunciar a nuestro criterio crítico.  Se puede reconocer el talento, el emprendimiento y el trabajo de una mujer, y al mismo tiempo exigir transparencia a una institución estatal.  

No son posiciones contradictorias. Son expresiones de una ciudadanía responsable. En tiempos de escasez, las prioridades de quienes gobiernan dicen mucho más que sus discursos.