Sindicatos policiales rechazan la regularización masiva de migrantes por cálculo político y riesgo para la seguridad
Sindicatos de la Policía Nacional, como el SUP, CEP y JUPOL, han expresado su rechazo frontal a la regularización extraordinaria de migrantes acordada entre PSOE y Podemos. Esta medida, que podría beneficiar a unas 500.000 personas residentes en España en situación irregular, se ejecutará mediante un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros este martes 27 de enero de 2026, sin pasar por el Congreso.[1][5][8]
El SUP denuncia la absoluta irresponsabilidad de esta regularización masiva, que responde a un cálculo político y se implementa sin medios de refuerzo, trasladando toda la carga a la Policía y agravando la presión en fronteras y servicios ya saturados. Subraya que no tener antecedentes penales no implica ausencia de antecedentes policiales, y advierte de un efecto llamada directo e inmediato que beneficiará a las mafias de tráfico y trata de seres humanos, con abandono institucional de la Policía.[1][7]
El CEP critica que el Gobierno rompa dos décadas de consenso sobre regularizaciones de inmigrantes, perjudicando la lucha policial contra las mafias y alejando a España de la estrategia europea basada en el orden, la previsibilidad y la firmeza frente a los flujos migratorios. Vincula la iniciativa a la necesidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez de restaurar apoyos parlamentarios.[1]
JUPOL alerta del impacto operativo en unidades de Extranjería y Fronteras, ya saturadas, con tramitación masiva de solicitudes, revisiones administrativas y verificaciones que recaerán sobre agentes con déficit de personal. Considera que envía un mensaje al exterior de que la entrada irregular puede recompensarse con regularización, generando un potente efecto llamada y mayor presión migratoria. Exige diálogo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tramitación legislativa ordinaria con transparencia, y endurecimiento de la política de asilo, vista como regularización encubierta que satura brigadas de Extranjería.[3]
La eurodiputada de Podemos Irene Montero avanzó la medida este lunes, estimando que alcanzará a más de medio millón de personas hasta el 30 de junio. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, desligó el acuerdo de la negociación de Presupuestos Generales del Estado y defendió una solicitud especial en cualquier registro público para evitar burocracia en oficinas de Extranjería, descartando su paso por el Congreso.[5]
El coportavoz de Sumar Gerardo Pisarello ve en la regularización un facilitador para negociar el traspaso de competencias migratorias a Cataluña, comprometido con Junts y rechazado previamente por Podemos por supuestas expresiones racistas. Montero calificó la medida como fundamental para que el traspaso no refuerce racismo ni violencia institucional contra migrantes.[6]
Los requisitos incluyen residencia demostrada en España por al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y ausencia de antecedentes penales, otorgando residencia de un año para integración laboral y cotización a la Seguridad Social.[8][9]
