Senado aprueba por unanimidad ley que libera más de Bs 208 millones para las gobernaciones

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La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la Ley de Reasignación de Obligaciones Financieras, iniciativa impulsada por los diputados Karina Liebers y Gabriel Corvera, que permitirá liberar más de Bs 208 millones para los nueve Gobiernos Autónomos Departamentales.

La norma dispone que el nivel central del Estado asuma el financiamiento de los prediarios y gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario, además del Bono de Vacunación, obligaciones que hasta ahora eran cubiertas con recursos de las gobernaciones.

Con la reasignación, los recursos que quedarían disponibles para cada departamento son:

  • Santa Cruz: Bs 56 millones
  • La Paz: Bs 47 millones
  • Cochabamba: Bs 30 millones
  • Potosí: Bs 18 millones
  • Tarija: Bs 16 millones
  • Beni: Bs 15 millones
  • Chuquisaca: Bs 13 millones
  • Oruro: Bs 7 millones
  • Pando: Bs 7 millones

La diputada Liebers, señaló que la liberación de estos recursos permitirá a las gobernaciones disponer de mayores fondos para atender las necesidades propias de cada departamento.

“Hoy damos un paso muy importante para las regiones. Más de Bs 208 millones dejan de estar comprometidos en obligaciones que debe asumir el nivel central y quedan disponibles para que cada Gobernación pueda atender sus propias prioridades. Para Tarija son Bs 16 millones; para Santa Cruz, Bs 56 millones; para La Paz, Bs 47 millones, y así cada departamento contará con recursos que hoy necesita”, afirmó.

Liebers también sostuvo que la aprobación de la norma abre una discusión sobre la distribución de recursos y responsabilidades entre el Gobierno central y las regiones.

“Esta ley es un primer paso para construir una relación financiera más equilibrada entre el Estado y las regiones, permitiendo que las gobernaciones utilicen sus recursos en las necesidades de sus departamentos”, manifestó.

La iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y, tras recibir el respaldo unánime del Senado, continuará con el procedimiento constitucional correspondiente.

INFORME. CYNTHIA DURÁN G.

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