Fuerzas militares llegan al municipio de San Ignacio de Velasco para apoyar a la policía frente a un descontrol del sicariato vinculado al narcotráfico. Se trata de una situación sumamente compleja que abre varios interrogantes y, al mismo tiempo, confirma un grupo importante de certezas respecto al rol que desempeña este espacio geográfico en el aprovisionamiento —y catapulta— de cocaína hacia el Brasil y otros países más lejanos, cruzando el Atlántico.
Contrariamente a lo que sostienen las autoridades nacionales y departamentales, la región —que corresponde a la provincia Velasco, conformada por San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco y San Rafael de Velasco— se ha convertido en un corredor estratégico para el tráfico ilícito de drogas debido a su extensa frontera con el Brasil y a su baja densidad poblacional en áreas rurales. Ello permite sostener la hipótesis de la existencia de una estructura delictiva que opera desde hace varios años, o quizás décadas atrás.
Una manera de encubrir a los protagonistas locales, a este corredor y a su carácter de catapulta transnacional es aludir únicamente a la presencia de bandas criminales brasileñas como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).
Si se parte de la constatación de que el municipio es poco poblado, que en la región existen muchas haciendas ganaderas y que hay abundantes pistas ilegales aptas para el vuelo de avionetas, no resulta demasiado difícil presumir la colaboración o participación de pobladores de la zona en actividades ilícitas que, por lo demás, serían fácilmente ubicables por la policía. Sin embargo, esto no sucede. Detrás de la narrativa de que el PCC y el CV se disputan el control del municipio hay una intención velada de esconder las bases de operaciones de un potencial cártel local de narcotraficantes cambas o cruceños, por aludir a su origen local.
¿De dónde se surten los narcos de la zona para catapultar cocaína hacia el Brasil? Una respuesta espontánea y poco informada dirá «el Chapare». Pero la distancia por carretera es de aproximadamente 660 kilómetros, con un tiempo de viaje en auto de unas 12 horas, pasando por San José de Chiquitos, Pailón, Cotoca, Santa Cruz de la Sierra, Warnes, Montero, Portachuelo, Yapacaní, Entre Ríos (provincia Carrasco, Cochabamba), Shinahota, Chimoré y Villa Tunari.
Sin embargo, y desde hace bastante tiempo, ya se siembra hoja de coca ilegal en Santa Cruz, cerca de San Ignacio de Velasco, y, por supuesto, esa siembra ilegal conlleva su transformación en cocaína.
De acuerdo con la denuncia que he publicado, en Bolivia ya son cuatro los departamentos productores de hoja de coca ilegal —Beni, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba—, con 17 provincias y 8 áreas protegidas afectadas, dos de ellas en Santa Cruz: Amboró y El Choré (https://elandaluz.com.bo/…/denuncian-manipulacion-de…/).
En consecuencia, la respuesta al interrogante sobre dónde se obtiene la «mercadería» que será catapultada al Brasil nos indica que esta se produce muy cerca de San Ignacio de Velasco, lo que constituye un indicador de que opera un cártel de narcotraficantes con características locales, orientales o cambas, por decirlo de un modo más familiar.
Ni el PCC ni el CV viajan 600 kilómetros dentro de Bolivia para acceder a la droga y llevarla hacia este corredor.
¿Y si los operadores del narcotráfico en la provincia Velasco estuvieran vinculados a los exportadores de las narcomaderas?
La existencia de una estructura criminal vinculada a exportaciones forestales está documentada por investigaciones de la Fiscalía chilena y boliviana. La empresa Exportmader Bolivia S.R.L., con dos ciudadanos españoles como principales accionistas, realizó 152 exportaciones de madera desde 2018 a países como Estados Unidos, España, Israel, China y Uruguay. La Fiscalía de Arica y Parinacota documentó 32 envíos desde Bolivia ejecutados por 15 empresas madereras, con un valor de droga movilizada superior a 8.334 millones de dólares. En enero de 2026, la FELCN incautó en San Ignacio de Velasco un tinglado de acopio de madera, un montacarga, un tractocamión y una pala mecánica relacionados con el cargamento de 700 kilos de cocaína detectado en Chile. Este es un nivel de consistencia alto, pues se sustenta en investigaciones fiscales y operativos de interdicción documentados.
San Ignacio de Velasco no es un simple punto de tránsito ni un territorio pasivo en manos de bandas brasileñas. La evidencia acumulada —laboratorios de cristalización en el Parque Noel Kempff Mercado, pistas clandestinas con iluminación, estancias ganaderas utilizadas como fachada, exportaciones forestales contaminadas con cocaína y una ruta de aprovisionamiento que ya no depende exclusivamente del Chapare— configura un escenario en el que opera una estructura criminal con arraigo local, intereses económicos diversificados y proyección transnacional. Mientras el discurso oficial se refugia en la narrativa del PCC y el Comando Vermelho para explicar la violencia, la pregunta de fondo permanece sin respuesta: ¿quién controla realmente el corredor, quién provee la droga y quién se beneficia de su exportación? Responder a esos interrogantes exige dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro, hacia las élites locales y empresariales que, con la complicidad o la omisión del Estado, han convertido a la provincia Velasco en el eslabón cruceño del narcotráfico boliviano.
