Rodrigo Paz pretende engañar a la COP31 en Turquía

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Rodrigo Paz lanzó en la COP31, en Turquía, una afirmación llamativa: que Bolivia genera o posee el 60% del agua dulce a nivel mundial. Esa afirmación no parece nacer de la ignorancia ni de una simple confusión, sino de una manifiesta falsedad orientada a captar dinero a nombre de nuestros recursos naturales. La realidad es que el país cuenta con aproximadamente el 0,7% de los recursos hídricos renovables de América Latina; un documento del Banco Mundial indica que, del caudal de la cuenca amazónica, Brasil aporta el 68%, Perú el 13% y Bolivia el 11,2%. Otra fuente, basada en datos de la red de observación HyBam, sitúa la descarga de Bolivia en un 4,0% del total de la cuenca; finalmente, un documento oficial argentino sobre la Cuenca del Plata menciona una contribución del 6% para Bolivia en uno de sus ríos principales, el Paraguay. No existe posibilidad alguna de que Bolivia se acerque al 60% de generación de agua dulce.

Por el contrario, la afectación del agua dulce en Bolivia es un problema multidimensional, impulsado por una combinación de actividades extractivas, prácticas agrícolas intensivas, infraestructura sanitaria deficiente y una gestión de cuencas que prioriza la intervención sobre la planificación. La minería, tanto legal como ilegal, es una de las fuentes de contaminación más críticas, especialmente en la Amazonía y el Altiplano. El uso de mercurio para la extracción de oro contamina ríos enteros; la intoxicación por mercurio afecta al 74,5% de la población indígena en las zonas de los ríos Beni y Madre de Dios. Las dragas mineras ilegales liberan decenas de kilogramos de mercurio al medio ambiente. Esta contaminación no solo afecta el agua, sino que se acumula en los peces, que son la base alimenticia de muchas comunidades, generando una crisis de salud y supervivencia.

Otras actividades mineras también liberan metales pesados. Se ha denunciado el vertido de arsénico, plomo y cadmio en ríos y suelos. Un análisis del río Pilcomayo, en la cuenca del Plata, determinó la presencia de plomo, zinc, cadmio, níquel, cobre y cianuro, provenientes de cientos de minas, afectando la fauna ictícola y la agricultura de la región. De manera similar, los ríos de la cuenca Macha-Pocoata-Colquechaca, en Potosí, están muy contaminados por residuos mineros, lo que hace que el agua no sea apta para el consumo humano ni para la agricultura. Estudios en la Serranía del Aguaragüe, en Villa Montes, han detectado concentraciones considerables de Hidrocarburos Totales de Petróleo en quebradas como Los Monos y Caigua. Las mediciones muestran puntos con concentraciones superiores a 20 ppm, lo que indica una contaminación significativa por emanaciones de la actividad hidrocarburífera en las fuentes de agua de la zona.

Un estudio en la cuenca Pucara, en Tiraque, Cochabamba, encontró que los plaguicidas de uso agrícola fueron detectados en el 83% de los puntos de muestreo, con los organofosforados presentes en el 80% de ellos. Las concentraciones halladas superan los límites establecidos por la normativa boliviana, clasificando los ríos estudiados como “contaminados” y representando un riesgo para la salud humana y la vida acuática. Estos problemas han sido profundizados por el gobierno de Paz y no existen acciones serias de reversión de esta situación. Rodrigo Paz no puede hablar del agua dulce porque su gobierno no hace nada para preservarla. La deforestación acelerada y los asentamientos en zonas de riesgo han reducido la capacidad de retención de agua de las cuencas en un 30-40%, según mediciones satelitales. Esto se traduce en un aumento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones. Los bosques son reguladores clave del ciclo del agua; su pérdida desequilibra el clima y agrava las sequías y las lluvias torrenciales. La falta de una política nacional de manejo de cuencas es una debilidad institucional crítica. La ausencia de mantenimiento y planificación provoca la acumulación de sedimentos en los cauces, lo que, junto con la deforestación de riberas, incrementa el riesgo de desbordes e inundaciones. Resulta que el presidente Paz viaja a la COP31 a buscar financiamiento para actividades en las cuales no cree y que su gobierno no realiza.

Rodrigo Paz tiene tantas coincidencias con Luis Arce que ambos gobiernos encarnan la continuidad de uno respecto del otro: el gobierno de Luis Arce construyó un entramado legal para controlar la monetización del financiamiento climático a través de bonos de carbono. La Sentencia Constitucional 0040/2024, de junio de 2024, habilitó legalmente los bonos de carbono al anular el artículo de la Ley 300 que prohibía la “mercantilización” de las funciones ambientales. El Decreto Supremo 5264, de octubre de 2024, estableció los lineamientos y la arquitectura institucional para la gestión y acceso al financiamiento climático. La Ley N.º1613 del Presupuesto General del Estado 2025, de enero de 2025, incorporó formalmente las “Operaciones en Mercados de Carbono”, culminando el marco normativo para operacionalizarlos bonos de carbono. Este es un sistema completo que, en mi opinión, centraliza el control en el gobierno del financiamiento internacional climático (https://erbol.com.bo/opinion/bonos-de-carbono-una-estafa-electoral-de-varios-candidatos).

El gobierno de Paz impulsa iniciativas en la misma dirección que el gobierno de Luis Arce: el Proyecto de Ley N.º 060/2025-2026, de regulación del mercado de créditos de carbono, busca establecer las reglas para la generación, certificación, registro y transferencia de créditos de carbono, y crear un Sistema de Comercio de Emisiones nacional, con un límite máximo de emisiones y un mercado de permisos transables para las instalaciones que superen cierto umbral; también propone crear una autoridad reguladora autónoma. El Proyecto de Ley N.º 764/2025-2026, marco de financiamiento climático y biodiversidad, complementa al anterior y busca establecer un marco normativo integral para regular y articular el financiamiento climático y de biodiversidad, con mecanismos de registro, supervisión y control de los recursos, y facilitar el acceso a inversiones nacionales e internacionales. El Proyecto de Ley de Promoción de Energías Verdes, de octubre de 2026, busca fomentar las energías renovables, los biocombustibles y el hidrógeno verde para cumplir ciertos requisitos, acceder a financiamiento climático internacional y obtener certificados de créditos de carbono.

Paz demandó al foro ambiental que se beneficie a su gobierno con financiamiento accesible, transferencia de tecnologías y alianzas que se conviertan en proyectos medibles con resultados en el territorio; que un bosque en pie valga más que un bosque talado, por lo que pidió incorporarse al Fondo Bosques Tropicales para Siempre; posicionar a Bolivia como el “Corazón de Agua Dulce del Mundo”; y presentar el medio ambiente como “instrumento de paz”. Queda muy claro lo que busca Rodrigo Paz; sin embargo, difundir una falsedad para lograrlo es muestra de la gran incapacidad ambiental que tiene. La credibilidad climática no se construye con titulares inflados ni con cifras que no resisten verificación, sino con transparencia, datos comprobables y acciones sostenidas en el territorio; sin esas condiciones, cualquier demanda de financiamiento internacional nace debilitada y expuesta al descrédito.