Todos los bolivianos, gobierno, empresarios y ciudadanía en general, anhelamos una mayor inversión privada en el país que contribuya al crecimiento económico nacional. Para hacer realidad este objetivo, Bolivia necesita con urgencia nuevas normas legales que permitan atraer capitales tanto extranjeros como nacionales, sin comprometer la soberanía, pero garantizando seguridad jurídica, transparencia y competitividad. Solo así el país podrá consolidarse como un destino atractivo para la inversión.
En mi comentario de la semana pasada recordaba que el presidente Rodrigo Paz informó sobre el interés de varios empresarios en invertir en Bolivia y en convertirse en socios del desarrollo nacional. Destacó, en particular, el interés del empresariado brasileño en retomar inversiones en el sector gasífero.
Hace poco más de una semana, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reconoció que el Gobierno requiere con prioridad una nueva ley de inversiones que brinde la seguridad jurídica que los inversionistas demandan. En ese sentido, subrayó que un decreto no es suficiente: “deben ser leyes”, lo que implica modificar normativas en sectores clave como hidrocarburos, energía, evaporíticos, agropecuario, minería y, en primer lugar, la ley general de inversiones. Asimismo, indicó que estos proyectos se encuentran técnicamente avanzados.
La generación de confianza es un elemento central para atraer inversiones sostenibles. Esta no solo depende de normas adecuadas, sino también de su cumplimiento efectivo en el tiempo. La previsibilidad en las decisiones del Estado, el respeto a los contratos y la estabilidad institucional son factores clave que los inversionistas consideran antes de comprometer recursos en un país.
Los empresarios entendemos que el Gobierno necesita incrementar sus ingresos, especialmente si se pretende implementar, en un plazo razonable, el esquema 50/50 propuesto durante la campaña electoral. La forma más viable de lograrlo, sin generar sobresaltos en la economía, es mediante nuevas inversiones —nacionales y extranjeras— que impulsen las exportaciones.
Al asumir la conducción del país, el presidente Paz anunció el envío al Legislativo de un paquete de leyes destinadas a reordenar la economía nacional. Esta semana, el Gobierno dio el primer paso con la remisión de varios proyectos normativos. Es de esperar que previamente se hayan realizado las gestiones necesarias con las distintas bancadas parlamentarias para asegurar su aprobación.
La nueva normativa debe contemplar de manera integral aspectos fundamentales como:
• Seguridad jurídica, garantizando estabilidad a largo plazo.
• Atracción de capitales productivos, ofreciendo sectores con alto potencial en un contexto global altamente competitivo.
• Mecanismos de conciliación y arbitraje, claramente definidos para resolver controversias entre el Estado y los inversionistas.
• Estabilidad política y paz social, condiciones indispensables para cualquier inversión, que incluyan el libre tránsito y la prevención de conflictos que paralicen la producción.
• Equilibrio normativo, protegiendo tanto al inversionista como al Estado.
• Aplicación efectiva de las leyes, sin privilegios para ninguna de las partes.
• Infraestructura adecuada, mediante inversión en modernización y energías limpias que faciliten la actividad productiva.
• Facilitación de exportaciones, eliminando restricciones que limiten el comercio exterior.
Actualmente, en el país rige la Ley de Promoción de Inversiones, aprobada en abril de 2014, que regula, entre otros aspectos, los mecanismos de arbitraje.
Por su parte, Miguel Lorente, empresario español que visitó Bolivia junto al rey de su país, fue claro al señalar: “Las empresas españolas queremos estar aquí, pero deben producirse cambios normativos que lo permitan”.
Asimismo, la Cámara Nacional de Industrias presentó recientemente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional cuatro proyectos de ley vinculados al fomento y protección de inversiones, la lucha contra la falsificación, el contrabando y los bloqueos de caminos. Estas iniciativas resultan fundamentales para lograr un despegue sostenido de la inversión privada.
Los empresarios esperamos que el Legislativo analice y recoja lo mejor de las propuestas en curso, y apruebe en un plazo razonable una nueva normativa que impulse la llegada de inversiones y contribuya al desarrollo económico del país.
