Bolivia ya no necesita más discursos contra la corrupción. Necesita decisiones que devuelvan credibilidad al Estado.
La corrupción no solo desvía recursos públicos; destruye la confianza, desalienta la inversión, profundiza la crisis económica y convence a los ciudadanos de que la justicia no es igual para todos.
Hoy el mayor desafío del Gobierno no es únicamente administrar la crisis económica. Es recuperar la credibilidad perdida. Sin confianza ciudadana no existe reforma que prospere, inversión que llegue ni sacrificio que la población esté dispuesta a acompañar.
Por ello, ha llegado el momento de tomar una decisión extraordinaria.
El país necesita un Zar Anticorrupción con independencia absoluta, autoridad moral y respaldo político suficiente para investigar a cualquier funcionario, sin importar su cargo, su militancia o su cercanía con el poder.
Si el Gobierno realmente desea demostrar que la lucha contra la corrupción no será un simple eslogan, debería convocar una figura con reconocimiento nacional, experiencia en gestión y la capacidad de generar confianza incluso entre sectores que hoy observan con escepticismo la acción del Estado.
Esta es una opinión personal, yo considero que requiere un hombre con el perfil de Samuel Doria Medina. De quien nadie puede dudar en su compromiso con Bolivia.
Y si se le otorga independencia de gestión y la facultad de investigar cualquier denuncia, sin excepciones; coordinar con todas las instancias del Estado; publicar informes periódicos de resultados y rendir cuentas directamente a la ciudadanía. Tengan la seguridad de que se fortalecerá la imagen de del Estado y se podrá salir de este proceso que cada día desalienta a los bolivianos.
Quien no tiene nada que ocultar, no debe temer una fiscalización independiente.
La ciudadanía ya no creerá en nuevas oficinas, más burocracia o comisiones sin resultados. Creerá cuando vea investigaciones imparciales, procesos transparentes y sanciones ejemplares, caiga quien caiga.
La historia demuestra que los gobiernos no se debilitan cuando convocan a personas con credibilidad; se fortalecen. Lo que realmente debilita a un gobierno es la sospecha permanente de proteger la corrupción o de utilizar la justicia con criterios políticos.
Bolivia necesita un gesto que marque un antes y un después.
Si el Gobierno tiene la voluntad de recuperar la confianza de los bolivianos, de los inversionistas y de la comunidad internacional, este es el momento de demostrarlo con hechos y no con declaraciones.
Porque la mayor fortaleza de un gobierno no es proteger a los suyos, sino demostrar que nadie está por encima de la ley.
