La Sala Plena del Órgano Judicial solicitó formalmente al presidente del Estado, Rodrigo Paz, la adopción inmediata de medidas de protección y seguridad para magistradas, magistrados, consejeras y consejeros judiciales, otorgando un plazo de 72 horas para recibir una respuesta oficial.
Mediante una carta institucional, las máximas autoridades judiciales demandaron la implementación de un sistema integral y permanente de seguridad, argumentando la necesidad de garantizar resguardo adecuado para quienes ejercen funciones de alta responsabilidad dentro del sistema judicial boliviano.
Entre los principales pedidos se encuentran la asignación de escoltas permanentes, vehículos de seguridad, protocolos especiales de protección, mecanismos de reacción inmediata ante amenazas y la extensión de estas medidas a familiares directos de altas autoridades judiciales.
Asimismo, el documento solicita coordinación inmediata con el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y organismos especializados de seguridad para asegurar la aplicación efectiva de estas disposiciones en todo el territorio nacional.
La Sala Plena también pidió una disposición expresa del Órgano Ejecutivo que reconozca el nivel de riesgo institucional al que estarían expuestas las autoridades judiciales, estableciendo mecanismos permanentes de protección similares a los aplicados para ministros de Estado y altas autoridades del Ejecutivo.
La solicitud surge en un contexto de creciente preocupación por la seguridad institucional, tras recientes hechos de violencia que han incrementado la atención sobre la protección de autoridades públicas en Bolivia.
INFORME. CYNTHIA DURÁN G.
