Nuevo Código Penal: penas más duras, prisión efectiva e imprescriptibilidad de delitos graves
El Gobierno presentará al Congreso un proyecto de reforma integral del Código Penal que contempla un endurecimiento generalizado de las penas, con aumentos tanto en los mínimos como en los máximos, y una ampliación significativa de los casos donde se aplicará prisión efectiva, estimándose que el 82% de los delitos requerirán cumplimiento carcelario. La reforma elimina además la posibilidad de liberación anticipada para los crímenes de alto impacto social y establece mecanismos para robustecer el derecho a la legítima defensa, incluyendo una presunción favorable a quien actúe en defensa propia.
Entre las modificaciones centrales se destacan el aumento en la escala penal de homicidios: el homicidio simple pasa de un rango de 8 a 25 años a uno de 10 a 30 años; el homicidio agravado mantiene la prisión perpetua y se suman nuevos supuestos agravantes, como la protección especial para víctimas que sean presidentes, ministros, menores de 16 años o mayores de 65. Se incorpora asimismo una tipificación específica para delitos cometidos en lugares de concurrencia masiva con medios aptos para causar múltiples muertes.
Se implementan penas más severas en delitos relacionados con robos, que ahora incluyen figuras específicas para modalidades como “motochorros” y “viudas negras”. Por ejemplo, el robo simple aumenta a un mínimo de 3 años y un máximo de 8 años de prisión si se comete con fuerza, y a un rango de 3 a 10 años cuando se realiza con violencia contra personas. También se introduce un endurecimiento en el castigo por abusos de armas, estableciendo que disparar un arma sin causar heridas tendrá una pena de 6 años, y la omisión de auxilio tendrá entre 1 y 6 años, aumentando a 8 en caso de víctimas vulnerables.
Un cambio de gran relevancia es la declaración de imprescriptibilidad para un conjunto amplio de delitos graves, eliminando cualquier límite temporal para su investigación y persecución. Este régimen aplicará a homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y difusión de pornografía infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico, entre otros. El proyecto considera que la justicia no puede verse limitada por el paso del tiempo para estos crímenes dada la gravedad y respeto a las víctimas.
En cuanto a delitos vinculados a la explotación sexual infantil, se aumentan las penas desde el actual rango de 3 a 6 años a un nuevo intervalo de 3 a 12 años, con agravantes que elevan el mínimo a 4 años, y la difusión pasará a un castigo de 4 a 12 años. El régimen también endurece sanciones en materia de portación ilegal de armas, fijando penas mínimas de 3 años y 6 meses hasta 6 años y 6 meses de prisión, y eleva penas para el falso testimonio en causas vinculadas a hechos criminales graves, violencia de género o integridad sexual.
En materia ambiental se incorporan nuevas figuras penales para delitos con impacto ecológico severo, incluyendo la introducción de la figura de ecocidio, y se elevan las multas y penas para quienes causen daños irreversibles al ecosistema. Para la corrupción, se aumentan las escalas penales por cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles, sumando también nuevas herramientas para el decomiso de bienes y la cooperación internacional en casos de lavado de activos.
El proyecto mantiene vigente la ley del aborto (IVE) sin modificaciones y revaloriza el rol de la víctima en las investigaciones penales, buscando brindar mayor protección y participación. Además, se apunta a fortalecer el marco legal de la legítima defensa, estableciendo mayor certeza jurídica para quienes actúen en defensa propia.
En resumen, la propuesta oficialista plantea una actualización profunda y actualizada del Código Penal vigente desde 1921, con un enfoque en la mano dura contra delitos de relevante impacto social, la garantía de cumplimiento efectivo de las condenas, la imprescriptibilidad de crímenes graves y una política criminal que busca mayor contundencia y justicia para las víctimas.
