En la lucha contra el narcotráfico, las cifras no son un adorno comunicacional: son instrumentos de política pública, de rendición de cuentas y, eventualmente, de prueba judicial. Cuando dos brazos de una misma institucionalidad -la FELCN y su principal fuerza operativa, UMOPAR- presentan balances que no coinciden en rubros centrales como pasta base, marihuana o precursores químicos, el problema ya no es estadístico: es de credibilidad. Y la duda razonable sobre un posible “inflado” de datos deja de ser una suspicacia menor para convertirse en una alerta que exige transparencia.
Los números disponibles muestran una tensión que no se resuelve con la explicación fácil de “una es parte de la otra”. La FELCN reporta, para enero–julio de 2026, 4,46 toneladas de pasta base, 20,96 toneladas de marihuana secuestrada para expendio (193,67 toneladas si se incluye la incineración en plantíos), 273,86 toneladas de precursores sólidos y 284.467 litros de líquidos, además de 1.587 personas aprehendidas, 26 laboratorios de cristalización y 311 fábricas de droga. UMOPAR, en su balance difundido el 17 de octubre de 2026, informa más de 2 toneladas de pasta base, 3,5 toneladas de marihuana, 8,8 toneladas de precursores, 674 aprehensiones, 29 laboratorios y 385 fábricas móviles, junto con 51 avionetas y 52,7 millones de dólares de perjuicio económico.
Si UMOPAR es la FELCN, el acumulado de octubre debería ser mayor o igual que el de julio en cada rubro. No ocurre. Si, en cambio, UMOPAR es una unidad operativa dentro de una FELCN que consolida otras fuerzas de tarea, la relación parte–todo explicaría que sus cifras sean menores, pero no que su periodo más amplio arroje resultados sustancialmente inferiores en pasta base, marihuana y precursores. En cualquiera de las dos lecturas, algo falta: una explicación metodológica pública.
Las falencias metodológicas son evidentes y tienen consecuencias concretas. Primero, los periodos no están homologados: la FELCN cubre enero–julio; UMOPAR habla de “2026” en octubre. Segundo, las definiciones no son equivalentes: “cocaína total” no es “pasta base”; “marihuana total” no es “marihuana para expendio”; “precursores” no es lo mismo que “químicos sólidos y líquidos”. Tercero, se mezclan datos preliminares con consolidados: un balance de aniversario suele ser redondeado y político; un datoestadístico debería ser validado, deduplicado y clasificado. Cuarto, no hay desagregación por unidad, mes y tipo de operación, lo que impide saber si se suman decomisos, hallazgos, incineraciones o confiscaciones. Quinto, la métrica de “perjuicio económico” es engañosa cuando se basa en secuestros preventivos y no en confiscaciones judiciales definitivas: presentar como daño real lo que podría ser devuelto a sus propietarios no es un detalle técnico, es una forma de inflar el impacto ante la opinión pública.
Las consecuencias de esta opacidad son graves. En lo inmediato, erosionan la credibilidad institucional: si las propias entidades del Estado no pueden reconciliar sus cifras, ¿por qué debería confiar la ciudadanía, la prensa o la cooperación internacional? En lo político, abren la puerta a lecturas interesadas: unos dirán que la FELCN infla; otros, que UMOPAR minimiza; y ambos podrán citar datos oficiales para sostener su versión. En lo judicial, debilita posibles procesos: una cifra que no resiste una verificación metodológica es una cifra que un abogado defensor puede desmontar. En lo presupuestario, distorsiona la asignación de recursos: si no se sabe qué unidad produce qué resultado, se financia la propaganda y no la eficacia. Y en lo internacional, afecta la confianza de los socios que financian o cooperan en la lucha contra el narcotráfico.
¿Se puede confiar en las dos fuentes? Realistamente, no de forma ciega en ninguna. La FELCN tiene incentivos para presentar un consolidado contundente; UMOPAR, para mostrar resultados en su aniversario. Ninguna de las dos prácticas es delictiva por sí misma, pero ambas exigen escrutinio. La hipótesis de que la FELCN “infla” sus datos no puede descartarse mientras mantenga métricas como el perjuicio económico potencial y no publique una metodología desagregada. La hipótesis de que UMOPAR presenta cifras preliminares o incompletas tampoco puede descartarse mientras no homologa periodos y definiciones.
La salida no es elegir una fuente y desacreditar la otra. La salida es exigir lo mínimo que un Estado democrático debe a sus ciudadanos: una metodología pública, única y desagregada, con cortes temporales idénticos, definiciones homologadas, distinción entre secuestro preventivo, decomiso e incineración, y datos por unidad y por mes. Mientras eso no exista, la duda razonable no es un exceso de suspicacia: es el único punto de partida honesto. Y en la lucha contra el narcotráfico, la credibilidad también se pierde cuando las cifras no cuadran.
