Nicaragua formaliza su transición definitiva hacia un sistema dictatorial
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó reformas constitucionales que consolidan el control absoluto del poder Ejecutivo sobre las instituciones del Estado. Con esta modificación, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo se autodefinen como copresidentes de la nación, eliminando las distinciones formales en la jerarquía del mando gubernamental.
El nuevo marco legal establece que los poderes del Estado quedan subordinados a la Presidencia, bajo la denominación de jefatura de gobierno. Esta estructura centraliza las decisiones de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, además de la Contraloría y la Fiscalía, eliminando cualquier vestigio de independencia institucional. La reforma también incluye un cambio en la simbología nacional, sustituyendo la bandera actual por una versión con los colores del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional.
La normativa aprobada extiende el mandato presidencial a seis años y otorga a los copresidentes la facultad de intervenir en todas las instituciones públicas. Adicionalmente, se legaliza la creación de una policía voluntaria, un cuerpo paramilitar encargado de la seguridad ciudadana y la vigilancia comunitaria. Esta fuerza quedará bajo el control directo de la presidencia.
En el ámbito económico y administrativo, la ley faculta al Ejecutivo para gestionar los recursos del presupuesto nacional y dirigir las relaciones exteriores sin necesidad de ratificación parlamentaria. Asimismo, se implementa un mecanismo para la cancelación de personerías jurídicas de organizaciones no gubernamentales y se establecen penas más severas para quienes sean considerados traidores a la patria, término cuya interpretación queda sujeta al criterio de la presidencia.
La aprobación de estas reformas fue realizada en una sesión legislativa que no contó con oposición, marcando el fin del sistema constitucional previo. La consolidación de este modelo legaliza la estructura de mando que el Ejecutivo ejercía de facto, eliminando la separación de poderes establecida en la carta magna anterior.
