Milei avanza en la creación de una Agencia de Seguridad Migratoria al estilo ICE de Estados Unidos con Diego Valenzuela al frente
El gobierno de Javier Milei prepara la creación por decreto de la Agencia de Seguridad Migratoria, un organismo que concentrará funciones de control de ingreso y egreso de personas, con foco en pasos fronterizos terrestres, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Esta medida implica un cambio de paradigma en la política migratoria argentina, pasando de un enfoque histórico de integración a uno centrado en seguridad y control, similar al modelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).[1][2][3] Al frente de la agencia fue designado Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y senador bonaerense en uso de licencia, excompañero de estudios de Milei y figura de confianza del oficialismo, con respaldo de la presidenta del Senado Patricia Bullrich.[1][3][7]
La Dirección Nacional de Migraciones, que dependía del Ministerio del Interior, articulará ahora con Seguridad, intensificando controles fronterizos, expulsiones de extranjeros que delinquen y combate a delitos trasnacionales como el crimen organizado.[1][2][3] Fuentes oficiales indican que el decreto se encuentra en los últimos ajustes técnicos, evaluando si la agencia contará con fuerza propia, lo que podría modificar roles de Gendarmería y Prefectura Naval.[2][3][5] Aunque sus funciones se limitarían inicialmente a pasos fronterizos, el organismo se describe como un ICE argentino, inspirado en el modelo estadounidense que actúa en, dentro y más allá de las fronteras para hacer cumplir leyes migratorias.[2][3][5]
En paralelo, el gobierno desplegó operativos de control migratorio en el conurbano bonaerense. En Villa Celina, partido de La Matanza, un procedimiento conjunto del Ministerio de Seguridad, Dirección Nacional de Migraciones y Policía Federal Argentina verificó documentos de 385 ciudadanos extranjeros, identificando a 16 en situación irregular.[1][2][4][5][6] Estos deberán regularizar su estatus o enfrentarán expulsión, bajo el principio de controles rigurosos y reglas claras: sin documentación válida, no hay permanencia. Los operativos utilizaron equipamiento biométrico portátil como MorphoRapID, se realizaron en vía pública sin allanamientos y buscan fortalecer la prevención de delitos federales.[2][5][6]
La iniciativa generó tensiones internas en el oficialismo por la estructura y designaciones, incluyendo cruces con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, así como cuestionamientos de opositores, organizaciones de derechos humanos y sectores críticos que advierten sobre un enfoque policializado.[3][4][5] Para el gobierno, representa una administración más integral de migraciones con mirada federal, colaborando con provincias.[3]
