Mendoza impulsa sanciones más severas para funcionarios públicos con alcoholemia positiva
La Legislatura de Mendoza debate una modificación a la Ley de Tránsito provincial con el objetivo de endurecer las sanciones aplicables a funcionarios públicos que conduzcan bajo los efectos del alcohol. La iniciativa propone la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos a quienes registren alcoholemia positiva mientras cumplen funciones o en su vida privada.
El proyecto de ley busca establecer que cualquier agente del Estado que sea sancionado por conducir con niveles de alcohol superiores a los permitidos pierda su capacidad para ocupar puestos en la administración pública. La propuesta contempla que la inhabilitación sea proporcional a la gravedad de la falta y busca aplicar un estándar de conducta más estricto sobre quienes ejercen la función pública, bajo el argumento de que el desempeño del cargo exige una responsabilidad ejemplar en el cumplimiento de las normas de seguridad vial.
El texto en discusión especifica que la medida alcanza a funcionarios de los tres poderes del Estado provincial y busca armonizar la normativa local con los principios de transparencia y ética pública. Los legisladores que impulsan el proyecto sostienen que la conducta de los representantes del Estado debe ser coherente con las leyes que la propia administración promulga y hace cumplir.
Actualmente, la normativa provincial contempla multas y suspensiones de licencias de conducir para cualquier ciudadano que incurra en estas infracciones. La nueva propuesta legislativa añade un nivel de responsabilidad administrativo y político, al condicionar la permanencia en la función pública al cumplimiento estricto de la Ley de Tránsito. El proyecto se encuentra en etapa de análisis en comisiones parlamentarias, donde se evalúa el alcance de las inhabilitaciones y el procedimiento para garantizar el debido proceso antes de la aplicación de la sanción.
