El Gobierno nacional promulgó el decreto supremo que hace operativa la Ley 1680, que garantiza atención integral y protección social a hijas e hijos que quedan en orfandad por feminicidio, asesinato del hombre por su pareja o expareja y homicidio-suicidio derivado de violencia.
El vocero presidencial José Luís Gálvez explicó que la norma establece los mecanismos de acceso a los beneficios para restablecer sus proyectos de vida, conforme al artículo 2 de la ley.
Entre los beneficios se establece un bono económico mensual equivalente al 20% del Salario Mínimo Nacional y, para menores de cinco años, un paquete alimentario mensual equivalente al 20% del subsidio de lactancia. Además, se garantiza acceso inmediato a salud, inscripción y traspaso escolar sin demora y prioridad para becas universitarias.
La ley también protege los bienes sucesorios de las víctimas hasta que la justicia defina los derechos, y dispone que en casos donde el presunto autor sea el cónyuge o conviviente, la custodia inmediata de los menores recaiga en abuelos u otros familiares cercanos por línea materna. “Esta es una política de Estado y una prioridad para el Gobierno”, afirmó Gálvez.
INFORME. DONALD MALDONADO
