El expresidente dejó el penal de San Pedro y permanece internado con custodia policial. La resolución también dispone una audiencia para revisar sus medidas cautelares.
La defensa de Luis Alberto Arce Catacora informó que se dio cumplimiento a la acción de libertad presentada a favor del expresidente, quien fue trasladado del penal de San Pedro al Hospital Arco Iris de La Paz, donde permanecerá internado hasta que los médicos especialistas determinen su alta.
La acción constitucional fue presentada en Santa Cruz por Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del exmandatario. Según el comunicado de la defensa, el juez que conoció el caso verificó mediante documentación y certificados médicos que Arce padece una enfermedad grave diagnosticada en 2017 y que requiere controles especializados.
La resolución contempla dos medidas
La decisión judicial estableció, en primer lugar, la internación inmediata de Arce en un centro médico especializado con custodia policial, medida que ya fue ejecutada.
La segunda disposición establece que el juez a cargo del proceso convoque a una audiencia para revisar la situación jurídica del expresidente y evaluar la modificación de sus medidas cautelares, considerando su estado de salud.
La defensa señaló que esta segunda parte de la resolución todavía está pendiente y que realizará las gestiones correspondientes ante el juez de Instrucción Penal N.º 1 de La Paz, Román Castro.
La internación no implica libertad
El comunicado enfatiza que el traslado al hospital no constituye una medida de libertad. Arce continúa bajo custodia policial y el proceso penal en su contra sigue vigente.
“La internación no es una medida de libertad. Es una orden judicial de internación médica con custodia policial”.
La defensa también sostuvo que Arce manifestó su voluntad de permanecer a disposición de la justicia y asumir su defensa. Según el documento, el expresidente enfrenta un proceso relacionado con el Fondo Indígena.
La resolución establece además que la medida de internación debe cumplirse de manera inmediata. La defensa sostiene que la acción de libertad tiene carácter obligatorio y que la atención médica debe garantizarse mientras Arce permanezca privado de libertad.
El caso también fue mencionado por la defensa en relación con una actuación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando que, a su criterio, corresponde al Estado cumplir las decisiones judiciales destinadas a proteger los derechos del detenido.
