La Alianza Libre solicitó formalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Julio Castro Salazar, que se proceda con celeridad a la separación del diputado Rafael Darío López Mercado, tras la difusión de información atribuida al Gobierno de Estados Unidos que, según la organización política, respalda versiones y declaraciones que circulaban sobre el caso.

La petición fue presentada mediante una carta fechada el 22 de octubre y suscrita por Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia y líder de Libre, y Juan Pablo Velasco, gobernador de Santa Cruz. En el documento, ambos demandan que la Cámara de Diputados actúe con el mismo criterio que, según señalan, se aplicó recientemente en los casos de un senador y un fiscal general.

En la misiva, Libre sostiene que Bolivia tiene la oportunidad de superar prácticas vinculadas con la corrupción, el narcotráfico, el prebendalismo, el oportunismo político y el debilitamiento de las instituciones. Aunque reconoce que el primer año de Gobierno no habría alcanzado los resultados que el país necesita, la organización considera que todavía existe tiempo para responder a las demandas ciudadanas.

Libre cuestiona la corrupción y la impunidad

El documento advierte que el narcotráfico y la corrupción afectan el funcionamiento de las instituciones y la imagen internacional del país. Asimismo, denuncia la existencia de mecanismos de protección e impunidad que, según la posición expresada por los firmantes, pueden involucrar a operadores judiciales, autoridades y actores políticos.

En ese contexto, Libre cuestiona que integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional puedan encubrir conductas irregulares en lugar de ejercer sus funciones de fiscalización. También señala que las autoridades del Ejecutivo tienen la responsabilidad de evitar cualquier actuación que favorezca o proteja prácticas ilícitas.

La organización considera que, frente a este tipo de situaciones, las respuestas institucionales deben ser firmes, oportunas y aplicarse sin distinciones partidarias.

Piden aplicar el mismo criterio que en otros casos

Uno de los principales argumentos de la carta es la necesidad de mantener uniformidad en las decisiones institucionales. Los representantes de Libre recuerdan que, a fines de septiembre, solicitaron que se actuara con la misma rigurosidad frente a funcionarios públicos y legisladores, independientemente de su pertenencia política.

Ahora, tras conocerse nueva información procedente de Estados Unidos, exigen que el diputado Rafael Darío López Mercado sea separado de la Cámara de Diputados.

Los firmantes comparan esta solicitud con las medidas adoptadas en los casos de un senador y del entonces fiscal general, y sostienen que corresponde actuar con la misma celeridad. La carta, sin embargo, no detalla el procedimiento jurídico específico mediante el cual debería concretarse la separación del legislador.

Libre advierte que no protegerá a sus propios integrantes

En otro de los puntos centrales de la misiva, Quiroga y Velasco afirman que la organización política no permitirá que el respaldo electoral recibido se convierta en una justificación para tolerar comportamientos contrarios a sus principios.

Los dirigentes señalan que Libre recibió el apoyo de casi tres millones de ciudadanos con el mandato de impulsar cambios en el país. En consecuencia, sostienen que no aceptarán que ese respaldo sea defraudado mediante prácticas de prebendalismo, contratos, dádivas o presunta protección a operadores judiciales vinculados con el narcotráfico.

Asimismo, reconocen que no pueden garantizar que todos los asambleístas de la organización eviten incurrir en conductas cuestionables, pero aseguran que no permitirán que esas actuaciones comprometan el proyecto político.

La carta también cuestiona comportamientos públicos que, a criterio de sus autores, podrían perjudicar la imagen de la organización y sostiene que las responsabilidades deben asumirse sin privilegios.

Exigen una respuesta de la Cámara de Diputados

Al concluir el documento, Libre expresa su expectativa de que la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de Roberto Julio Castro Salazar, responda con rapidez a la solicitud presentada.

Los firmantes afirman que la Asamblea debe demostrar que puede actuar de manera diferente a las prácticas políticas que cuestionan, con procedimientos oportunos y criterios de responsabilidad institucional.

La exigencia coloca en el centro del debate la actuación de la Cámara de Diputados frente a las denuncias y la necesidad de establecer responsabilidades mediante los mecanismos correspondientes.

INFORME. CYNTHIA DURÁN G.