Ley de Nietos: la postura de Feijoo sobre su prórroga y el impacto en la ciudadanía
La Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, ha centrado el debate político reciente debido a la posición expresada por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo. El dirigente ha manifestado su disposición a considerar una prórroga de esta normativa, que facilita la obtención de la nacionalidad española a descendientes de españoles en el exterior, siempre que dicha extensión se ajuste a los criterios legales y temporales adecuados.
Esta postura supone un giro relevante en la estrategia del Partido Popular respecto a una legislación que ha generado múltiples solicitudes en los consulados españoles, especialmente en países iberoamericanos. La medida permite que hijos y nietos de personas nacidas en España, que perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación e identidad sexual, puedan acceder a la ciudadanía.
Feijoo ha señalado que cualquier decisión sobre el futuro de esta ley debe evitar la saturación de los servicios consulares y garantizar que el proceso sea gestionado con rigor administrativo. El objetivo, según ha planteado el líder de la oposición, es encontrar un equilibrio entre la apertura a la descendencia de la diáspora española y la capacidad operativa de las oficinas diplomáticas, que han experimentado un incremento significativo en la demanda de expedientes desde la entrada en vigor de la normativa actual.
El debate se traslada ahora a las condiciones técnicas para dicha extensión. Mientras sectores de la izquierda parlamentaria han presionado por una continuidad indefinida de los plazos, el planteamiento de Feijoo pone el foco en la necesidad de evitar la arbitrariedad en la gestión. La postura del Partido Popular subraya que el derecho a la nacionalidad debe estar vinculado a una seguridad jurídica que impida el colapso del sistema administrativo en el extranjero.
La normativa vigente, que ha sido objeto de diversas interpretaciones jurídicas, plantea desafíos tanto en su aplicación práctica como en su repercusión demográfica. En este contexto, la posición del Partido Popular busca desvincularse de la retórica política para centrarse en los tiempos de tramitación y la eficacia de los consulados, elementos que, según Feijoo, deben ser los pilares que definan cualquier posible prórroga de esta ley. El planteamiento exige, por tanto, una evaluación técnica previa que determine cuántos ciudadanos más podrían acogerse a esta vía sin comprometer la estabilidad de los registros civiles y los servicios de atención al ciudadano en el exterior.
